Biblioteca:Estrategia del desarrollo económico en Cuba/Capítulo 2. La estrategia de desarrollo económico de Cuba en la etapa democrático-popular de la Revolución (1959-1960)

1. Carácter de las transformaciones socioeconómicas en la primera etapa de la Revolución

Con el triunfo del 1ro. de enero de 1959 se inició una profunda revolución social en Cuba. Por primera vez se produjo un cambio político que alteraría el equilibrio tradicional entre las clases sociales en pugna en el país.

En Cuba las clases sociales presentaban ciertas particularidades condicionadas por el sistema de dominación a que sometía el país el imperialismo yanqui. Ello determinaba el lugar histórico y el papel que cada clase o grupo social integrante de alguna de ellas, desempeñarían en la lucha por el poder político y económico del país.

El poder político en Cuba tradicionalmente estaba caracterizado por la presencia de un trípode de fuerzas sociales reaccionarias: los latifundistas, la gran burguesía azucarera y la gran burguesía comercial importadora.

Los latifundistas constituían el grupo social más reaccionario dentro de la burguesía, basando su existencia en una estructura de propiedad agraria de rasgos semifeudales, caracterizada por la explotación extensiva de la tierra y la presencia de bajísimos niveles de productividad del trabajo. A esta forma de apropiación y explotación de la tierra se unía un sistema de explotación de los trabajadores que combinaba métodos semifeudales como la aparecería, con la explotación del proletariado agrícola en condiciones de semiesclavitud, sobre todo en la agricultura cañera. A este segmento de la burguesía cubana se unía grandes latifundistas de origen norteamericano.

La gran burguesía azucarera asumía con relación a la oligarquía financiera de EE.UU., el papel de socio menor en la propiedad de las industrias azucareras de más baja productividad, vinculando su suerte a los intereses azucareros yanquis.

La gran burguesía comercial importadora desde la época colonial asumió posiciones reaccionarias, ajenas a los intereses básicos del país. En la República neocolonial vinculó su suerte a EE.UU. como beneficiaria de segundo orden de los Tratados de Reciprocidad Comercial, que ubicaban en Cuba las mercancías norteamericanas a precios de monopolio, obteniendo amplios márgenes de ganancia y obstaculizando cualquier desarrollo de la industria nacional o la diversificación del comercio exterior.

Las condiciones de dominación planteadas por el imperialismo de EE.UU. y la oligarquía nacional, impidieron el desarrollo de la industria no azucarera en Cuba y con ello, la posibilidad de un desarrollo capitalista autónomo y en cierta medida, independiente, al estilo de otros países de América Latina.

Ello condicionó un débil desarrollo de la burguesía industrial no azucarera, cuyos intereses fundamentales resultaban incompatibles con la oligarquía cubana dominante y con el imperialismo yanqui, pero no tuvo la fortaleza económica, ni el coraje político para desempeñar el papel progresista que históricamente podría haberle correspondido.

La falta de desarrollo del capitalismo de bases nacionales no azucareras condicionó, por otro lado, un débil desarrollo de la clase obrera no agrícola, que solamente alcanzaba a 400 mil obreros en la década del '50, contra 100 mil obreros azucareros y un total de 600 mil obreros agrícolas.

Estos hechos plantearon importantes diferencias entre el proletariado urbano y rural. No obstante, la lucha obrera en general, alcanzó grandes éxitos entre 1938 y 1947 que  condicionaron un nivel de ingresos en la industria no azucarera relativamente alto en comparación con América Latina y lograron amortiguar en alguna medida, las consecuencias del desarrollo cíclico de la industria azucarera. Sin embargo, en el campo la enorme acumulación de mano de obra disponible operaba como una cantera permanente a favor de los terratenientes y empresarios agrícolas. Allí las condiciones eran del todo diferentes pues aunque existían sindicatos, estos no lograban impedir que los  patronos utilizaran la mano de obra a su arbitrio empleando a quienes rindieran más o despidiendo a los que resistieran el tipo de explotación inclemente que existía en las zonas rurales. De igual manera resultaban peculiares en Cuba las posiciones del campesino y la pequeña burguesía.

En las áreas rurales el campesinado agrupaba a más de 200 mil familias, de las cuales 140 mil estaban integradas por campesinos pobres y semipropietarios. En un país donde predominaban los grandes latifundios que concentraban el 45% de las tierras, no había posibilidades para el desarrollo de los campesinos medios y ricos. Desde el punto de vista clasista las posiciones del campesinado pobre se acercaban a las de las capas más explotadas del proletariado agrícola, determinando una coincidencia de intereses, que tendría una significación decisiva para resolver el problema agrario posteriormente. Asimismo, los campesinos medios e incluso los ricos, estaban sujetos a las mismas vicisitudes de la burguesía industrial no azucarera.

En las ciudades, la pequeña burguesía alcanzó un volumen apreciable a partir del desarrollo de una amplia capa de productores artesanales y de comerciantes, así como de empleados públicos y miembros de las llamadas profesiones liberales. Su posición socioeconómica, muy cercana a la situación del proletariado en las épocas de crisis, la hizo muy sensible a la radicalización política, asumiendo, en múltiples ocasiones, posiciones revolucionarias.

Después del 1ro. de enero de 1959 el poder político en Cuba pasó "a manos de una alianza de las masas populares, donde tienen el papel dominante los intereses de la clase obrera y de los campesinos trabajadores, representados por el Ejército Rebelde victorioso y su dirección revolucionaria".

De esta forma se inicia la etapa democrático-popular, agraria y antiimperialista de la Revolución, en la que se emprendió un programa de transformaciones económicas, que, en su primera etapa logró agrupar en torno a la Revolución a todas las clases cuyos intereses coincidían con el ideal nacional-liberador en esta etapa, asumiendo el poder político "una dictadura democrático-revolucionaria de las masas populares de obreros, campesinos, pequeña burguesía urbana y demás capas de la población con intereses opuestos a la dominación del imperialismo y de la oligarquía latifundista".

Así fueron las clases más progresistas, en un primer lugar la clase obrera en estrecha alianza con el campesinado, las que garantizaron las transformaciones en su primera fase, al asumir históricamente la solución real a la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción capitalistas que -producto de las relaciones de dependencia respecto a la oligarquía financiera yanqui y a la caduca estructura agraria que la sustentaba y apoyaba-  demandaban como primer paso, una revolución antiimperialista, agraria, democrática y popular.

La esencia de las transformaciones económicas más importantes de esta etapa estuvo dada así -en primer lugar- por la necesidad de romper la estructura agraria caduca del país como eslabón fundamental que determinaba la condición de atraso y miseria del pueblo y, junto a ello y unida indisolublemente a este proceso, por la necesidad de romper la dominación del imperialismo norteamericano que asfixiaba la economía en general y en particular la agricultura, mediante el latifundio azucarero.

La ley de Reforma Agraria del 17 de mayo de 1959, fue la transformación más radical e importante de esta etapa. "Esta medida, que inicia  la transformación revolucionaria de las relaciones de producción -base económica de la sociedad-,  aún cuando, por sí misma, no rebasa los marcos nacional-liberadores de la primera etapa, generó un proceso que en su aplicación condujo a sustituir la propiedad privada sobre un medio fundamental de producción como la tierra, por la propiedad estatal, y dados los intereses de la clase que dominaban en la dirección del Estado revolucionario, significó el nacimiento de un sector, que en su desarrollo, se convertiría en el sector socialista de la economía".

Las consecuencias de esta Ley fueron múltiples y significativas: se eliminó la propiedad de los latifundistas y se distribuyó aproximadamente el 67% de las tierras del país a favor de los pequeños campesinos y el Estado; se creó el sector social en la agricultura que pasó a controlar alrededor del 40% de las tierras; se liberó el campesino del pago de rentas y de la explotación de intermediarios y usureros; se crearon las bases para formas superiores de producción agrícola; se contribuyó decisivamente a la eliminación del desempleo en el campo y se produjo una redistribución significativa de los ingresos a favor del campesinado, ampliándose al mercado interno del país.

Un segundo aspecto esencial en las transformaciones económicas en esta etapa lo constituye la expropiación de los medios de producción que se produce en las restantes ramas de la economía, dando lugar al surgimiento del sector socialista en la misma.

Este proceso se desarrolló mediante dos vías diferentes: por medio de la confiscación de los bienes de los malversadores enriquecidos con el erario público y en negocios sucios amparados por los gobiernos anteriores a 1959 mediante las nacionalizaciones del carácter antiimperialista que se producen como respuesta a las agresiones económicas de EE.UU. entre julio y septiembre de 1960 y las nacionalizaciones de carácter anticapitalista que se efectuaron con posterioridad en octubre de 1960, frente a la posición contrarrevolucionaria asumida por la burguesía cubana en bloque.

Debe señalarse que en múltiples casos la nacionalización estuvo precedida por la intervención. Esta medida de carácter cautelar, fue en Cuba la forma de expresión del control obrero y garantizó que no se paralizara la producción de muchas industrias ante los conflictos laborales desatados constantemente por la burguesía con ese fin.

El proceso de nacionalización en los sectores no agrícolas presentó la particularidad que su evolución general y ritmo de ejecución estuvieron dictados por la agudización de la lucha de clases entre 1959 y 1960.

La imposibilidad práctica de aplicar un programa de transformaciones democrático-burgués en estos años, evidenció claramente la ausencia de una verdadera burguesía nacional con intereses económicos independientes y, confirmó el entrelazamiento de la burguesía, con los intereses del imperialismo norteamericano.

Las expropiaciones señaladas -sin rebasar los ámbitos nacional-liberadoras de esta etapa y sin ser incompatibles por su forma con la propiedad capitalista hasta septiembre de 1960-  aceleraron, por su contenido, junto a la reforma agraria, el proceso de desaparición definitiva de la propiedad privada capitalista y la explotación del trabajo asalariado en Cuba.

Un tercer aspecto esencial en las transformaciones socioeconómicas en estos años, lo constituyeron las medidas encaminadas a lograr una redistribución inmediata de los ingresos a favor de las clases trabajadoras, a la eliminación del desempleo y a la elevación consecuente del nivel de vida del pueblo.

Asimismo, debe señalarse que las transformaciones económicas efectuadas en este periodo no solo beneficiaron a las clases trabajadoras, sino que repercutieron también favorablemente, sobre la burguesía Industrial no azucarera, la pequeña burguesía urbana y la burguesía agraria, pese a sus posiciones mayoritariamente hostiles a la Revolución a partir de mayo de 1959.

La política democrática general del Gobierno Revolucionario fue, sin embargo, rechazada por la burguesía industrial no azucarera. Esta posición demostró las limitaciones clasistas de la burguesía "nacional"  aún siquiera para integrarse -no ya dirigir-  una Revolución nacional liberadora.

Durante los dos primeros años de la Revolución, se desarrollaron las transformaciones fundamentales para destruir las bases económicas del poder político de las clases dominantes en la economía cubana hasta entonces, al tiempo que se mejoraban de manera sustancial las condiciones de vida del pueblo en todos los órdenes.

Las transformaciones revolucionarias sentaron las premisas indispensables para la desaparición total de la propiedad privada capitalista sobre los medios de producción que se operaría con posterioridad, creando las bases para iniciar en un breve plazo la construcción del socialismo en el país.

2. Bases de la política económica del gobierno revolucionario en la primera etapa de la Revolución

Con el triunfo de la Revolución se abren por primera vez perspectivas reales para desarrollar una política económica independiente. En Cuba, las condiciones económicas existentes en enero de 1959, para la formulación de tal política eran harto complejas "el panorama nacional, al tomar el poder las fuerzas revolucionarias en 1959 puede ser definido por los siguientes rasgos:

1. Completa dependencia del imperialismo norteamericano que controlaba la industria exportadora, 1 200 000 hectáreas de tierras -incluyendo según confesión propia, el 25% de las mejores tierras agrícolas-, la energía eléctrica, parte de la industria lechera, el abastecimiento de combustible, y en medida importante el crédito bancario.
2. Una estructura económica predominantemente agrícola, pues la más importante industria, el azúcar, era una producción primaria de base agrícola y el resto de la industria representaba un volumen poco significativo, aunque fuere en cierta medida superior al de los países subdesarrollados de Asia, África y en cierto número de la América Latina.
3. Una economía agrícola extensiva, latifundiaria tanto en las propiedades de las compañías extranjeras, como en las de una minoría opulenta cubana, con 114 grandes propietarios en el control del 20% de las tierras, mientras una enorme masa campesina sin créditos, con precios ruinosos y agobiados por los intermediarios vivía un proceso alternativo de miseria absoluta y miseria atenuada durante casi medio siglo.
4. Un desempleo y subempleo permanentes y masivos en proporción muy superior al de otros países de la América Latina, llegando a más del 25% de la fuerza de trabajo, con más de 600 000 desempleados en el período de "tiempo muerto" y de 300 000 desocupados permanentes. Todo ello a consecuencia de una estructura económica que tendía a prolongarse y acentuarse.
5. Una economía totalmente abierta, en que a cada peso de producción bruta correspondía entre 25 y 28 centavos de importaciones inevitables y suponía a la vez un porcentaje igual de exportaciones. Una monoexplotación azucarera que alcanzaba el 80% y una concentración geográfica de las exportaciones e importaciones, dependiendo el 60% de las primeras y del 75 al 80% de las segundas del mercado de Estados Unidos.

"El compendio de todas estas notas nos definía a la Cuba de 1959 como un país semicolonial o si se prefiere la nueva terminología, neocolonial."

Además de esta situación económica, resultaba necesario tomar en consideración la difícil situación social del país en estos años.

A partir de estas condiciones, debía formularse una estrategia para el desarrollo económico del país, pero las premisas esenciales para ello no lograron darse en esta etapa.

En primer lugar, era necesario que -teniendo en cuenta la deformación estructural existente en la economía, así como su dependencia absoluta con relación a Estados Unidos- el Estado cubano efectuara las transformaciones socioeconómicas indispensables y controlara los medios de producción fundamentales para iniciar el desarrollo económico.

Ya desde principios de 1959, el Gobierno Revolucionario iniciaría el proceso de confiscaciones de las propiedades de los malversadores públicos. No obstante, a finales de ese año solo habían pasado a manos del Estado por esta vía 163 214 ha de tierra y empresas cuya producción anual ascendía a 34,8 millones de pesos, es decir, aproximadamente el 2% de las tierras y el 0,7% del producto social global de ese año.

Tampoco el control obrero efectuado mediante la intervención de empresas, garantizaba el dominio necesario de las diferentes actividades económicas para ponerlas en función de un programa de desarrollo.

Así, la propiedad social sobre los medios de producción -aún cuando comienza a crecer a partir de mayo de 1959- no alcanza un volumen significativo sino hasta el tercer trimestre de 1960, en que se efectúa el grueso de las nacionalizaciones de mayor importancia en este sentido.

Como puede observarse, no existían entonces las condiciones favorables en lo interno para la elaboración de una estrategia para el desarrollo económico, condiciones que comprenden "la ruptura de las relaciones de explotación de unas clases sociales por otras y el rescate de las riquezas naturales y recursos básicos del patrimonio nacional". Desde el punto de vista conceptual, ello significaba que aún cuando en esta etapa era evidente la necesidad de planificar el desarrollo de la economía nacional, no existían posibilidades objetivas para ello, por cuanto el carácter de las relaciones de propiedad todavía no hacía posible este proceso.

Tampoco se contaba con las condiciones externas favorables para una estrategia de desarrollo económico, o sea, poder "disponer de colaboración en términos de recursos financieros, tecnológicos y su capacidad de utilización, posibilidades de intercambio equitativo de valores y cooperación e integración económica entre países afines".  En este sentido debe apuntarse que aunque la ayuda externa de los países socialistas y -fundamentalmente-  la URSS comenzaría a concretarse en 1960, la misma tuvo necesariamente que dirigirse a evitar la destrucción de la Revolución en los campos económicos y militar ante los ataques de Estados Unidos.

En segundo lugar, un factor esencial para analizar las limitaciones para la elaboración de la estrategia para el desarrollo económico en estos años lo constituye el nivel de la lucha de clases que se alcanza durante 1959 y 1960.

Las transformaciones revolucionarias de las relaciones de propiedad básicamente a partir de la Reforma Agraria de mayo de 1959, desencadenaron un agudo proceso de enfrentamiento entre las clases trabajadoras y la burguesía nacional y extranjera en el transcurso de pocos meses. Todo ello trajo como consecuencia la desarticulación del sistema de dirección económica capitalista que hasta entonces había imperado en Cuba, sin que fuera posible sustituirlo de inmediato por un nuevo sistema basado en las relaciones socialistas de producción. Acerca de ello se ha señalado acertadamente: "en ese cambio de estructura colosal en que dejan de existir históricos y tradicionales administradores y propietarios para ser sustituidos de buenas a primeras, como ocurre en el proceso abrupto de una revolución, es una cosa muy seria y nosotros de lo que podemos extrañarnos no es de la cantidad de desaguisados y de errores que se hubieran cometido, sino de que no se hubieran cometido muchos más".

De este modo, las posibilidades estratégicas de desarrollo económico del país era imposible determinarlas en medio de este proceso de convulsas luchas sociales y transformaciones socioeconómicas. Solo era objetivamente posible una política económica flexible encaminada –ante todo–  a garantizar la continuidad y el éxito del proceso de transformaciones revolucionarias de la estructura económica de la sociedad cubana.

En tercer lugar, y reforzando lo anterior, la experiencia práctica demostró que no se contaba con la base estadística suficiente para obtener una evaluación económica acertada del nivel de desarrollo económico alcanzado y un pronóstico del nivel de desarrollo a alcanzar, ni tampoco se disponía del personal suficiente con la calificación adecuada para analizar las perspectivas económicas de desarrollo de la nación.

Asimismo, los enfoques de algunos economistas en aquellos años –objetivamente limitados unos, por la ausencia de las premisas señaladas y otros por su posición de clase–, sobrevaloraron nuestras potencialidades reales y  subvaloraron nuestras limitaciones, lo cual contribuyó a la creación de una imagen bastante simplificada de los problemas económicos reales que debía enfrentar el país.

No obstante, si bien no puede hablarse de una estrategia de desarrollo económico como tal entre 1959 y 1960, sí existieron criterios definidos de la elaboración a seguir para alcanzar el desarrollo económico del país a más largo plazo, que deben examinarse detenidamente.

Las primeras ideas acerca de una posible estrategia para el desarrollo económico de Cuba después del triunfo de la revolución, pueden hallarse en el alegato La historia me absolverá. Allí se resumieron los problemas fundamentales a resolver en el programa de seis puntos: "El problema de la tierra, el problema de la industrialización, el problema de la vivienda, el problema del desempleo, el problema de la educación y el problema de la salud del pueblo: he ahí  concretamente los seis puntos a cuya solución se hubieran encaminado resueltamente nuestros esfuerzos, junto con la conquista de las libertades públicas y la democracia política".

Ese programa "no se plantea todavía objetivos definidamente socialistas. Es un programa democrático, antiimperialista, dirigido a la liquidación del dominio de los terratenientes nativos y extranjeros en el campo a través de una reforma agraria, es decir, es un programa agrario y antiimperialista".

De tal forma, el Programa del Moncada sería la base fundamental para la elaboración de la política económica que se aplicaría en la primera etapa de la revolución cubana. En el mismo se recogían  los grandes objetivos económicos de la Revolución entre 1959-1960: dar una solución permanente al problema de la tierra, que era el obstáculo inmediato más importante para la salida del subdesarrollo, mediante la reforma agraria; elevar los niveles de la actividad económica del país desarrollando sus fuerzas productivas por la vía más eficiente posible, mediante un proceso de industrialización acelerado; y brindar pleno empleo para garantizar la elevación del nivel de vida para todos los trabajadores. "En el Programa del Moncada, que con toda claridad expusimos ante el tribunal que nos juzgó, estaba el germen de todo el desarrollo ulterior de la Revolución. Su lectura cuidadosa evidencia que nos apartábamos ya por completo de la concepción capitalista del desarrollo económico y social".

Por otra parte, además de los objetivos de carácter económico la atención prioritaria a los problemas de la vivienda, la educación y la salud pública, brindarían el complemento de justicia social indispensable a este programa de transformaciones esenciales.

La atención simultánea de los problemas económicos y sociales por la Revolución Cubana marcaría una constante desde 1959. Mediante la misma se lograría además, identificar la incidencia económica a mediano y largo plazo de las medidas sociales, propuestas, especialmente en el campo de la educación y la salud pública.

Las líneas generales así trazadas en el Programa del Moncada, serían contempladas en diferentes documentos elaborados con posterioridad.

Después del 1ro de enero de 1959 no existía de forma inmediata un documento programático oficial contentivo de la estrategia de desarrollo económico del país.

El 16 de febrero de 1959, al asumir el comandante en jefe Fidel Castro, el cargo de Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, habló de lo que podría calificarse entonces de esbozo de un programa de desarrollo económico. Los aspectos esenciales tratados en el discurso pronunciado, fueron los siguientes:

• "La reforma agraria, una ley más amplia que la de la Sierra maestra, que resuelve el problema de los campesinos que no tienen tierras…"
• Mejorar el funcionamiento de la administración pública.
• Invertir 1 000 millones de pesos en 5 años para dar solución al problema de la vivienda a través del INAV.
• Invertir 2 000 millones en industrias.
• Crear la marina mercante.
• Desarrollar una campaña para consumir productos cubanos.
• Crear nuevos empleos.
• Elevar el nivel de vida del pueblo.

Las tareas así planteadas confirmaban el Programa del Moncada en sus grandes objetivos: la reforma agraria, la industrialización, la solución al problema del desempleo y la elevación del nivel de vida del pueblo.

Esta política comportaba ya trascendentales cambios estructurales en la economía del país. El cumplimiento de estos objetivos fue -sin embargo-  planteado con un gran tacto político, procurando la mayor unidad posible entre todas las fuerzas que apoyaban la Revolución, y al menos una posición neutral de aquellas que ya le eran potencialmente hostiles.

Además, ya en 1959, se procuró por parte del Gobierno Revolucionario asesoría técnica para la elaboración de un programa de desarrollo económico más integral. En este sentido desempeñó un papel significativo un grupo de expertos de la CEPAL que hicieron importantes estudios ramales y globales de la economía cubana.

Entre estos expertos se destacó Juan F. Noyola, economista mexicano, muerto accidentalmente en 1962 cuando cumplía una misión del Gobierno Revolucionario.

En el programa elaborado por Juan F. Noyola se vieron reflejadas algunas de las concepciones clásicas del desarrollo latinoamericano de entonces, basadas en la industrialización sustitutiva de importaciones. No obstante, el énfasis planteado en la industria de los derivados del azúcar, en la industria energética y en la siderurgia, evidenciaban un mayor rigor científico y una concepción más clara de los verdaderos sectores claves en la industria para el proceso de desarrollo. De igual modo pueden destacarse sus ideas en torno al necesario desarrollo de la agricultura.

No obstante, el programa elaborado se apoyaba en ciertas premisas y suponía para su aplicación condiciones que realmente no llegaron a darse en el ámbito de la lucha de clases de estos años. Igualmente, el estudio realizado por la misión de la CEPAL ayudó a precisar la estrategia de desarrollo que se aplicaría años después.

Resumiendo, la base fundamental de la política socioeconómica de la Revolución Cubana entre 1959-1960, se encuentra en el programa expuesto en La historia me absolverá, ampliado con posterioridad al 1ro de enero por el compañero Fidel Castro en diferentes intervenciones. En el mismo fue planteado el programa mínimo de transformaciones correspondientes a la fase nacional-liberadora de la Revolución, que  resultaría indispensable para mantener una verdadera estrategia para el desarrollo económico y social con posterioridad.

Al enfocarse la estructura agraria caduca como el principal elemento deformante de la economía cubana y plantearse su eliminación mediante una reforma agraria, se suponía de hecho un cambio radical en el carácter de las relaciones de propiedad en la agricultura cubana, a la vez que se enfrentaba la lucha antiimperialista al atacar los intereses de EE.UU. como grandes latifundistas del país.

Por su parte, la industrialización conlleva un proceso de desarrollo capaz de provocar una sustitución significativa de las importaciones de múltiples medios de producción y bienes de consumo. Igualmente, un proceso de esta naturaleza conducía a un cambio significativo en la estructura productiva del país y un enfrentamiento seguro con los intereses norteamericanos en la misma medida en que mermara su dominación sobre el mercado nacional.

Al mismo tiempo, la solución a estos dos grandes problemas aseguraba la creación de fuentes de trabajo, capaces de absorber el enorme volumen de desempleo estructural y estacional existentes en el país a finales de la década del 50.

Unido a lo anterior, la atención prioritaria los problemas de la vivienda, la educación y la salud pública brindaría el complemento social necesario a este programa de transformaciones económicas esenciales.

Los objetivos así planteados correspondieron -según demostró la experiencia histórica- a los fines de la Revolución Cubana en su primera etapa.

Además, es en la valoración de la política económica aplicada en estos años, donde  pueden encontrarse los primeros elementos de una posible estrategia para el desarrollo económico del país, al tiempo que aparecen diferentes enfoques sobre las posibles soluciones al problema.

En primer lugar, cabe señalar la presencia del concepto de diversificación de la  producción agrícola, asociado a la reforma agraria.  En Cuba existía un estado de opinión bastante generalizado acerca de la necesidad de acabar con el monocultivo de la caña, del cual se derivaba directa o indirectamente, el retraso de la economía del país. A la vez, ello se identificaban con la posibilidad de ampliar los mercados para nuevas exportaciones de productos agropecuarios, como fuentes adicionales de financiamiento para el desarrollo económico. También la diversificación agrícola se asociaba con la posibilidad de sustituir importaciones de alimentos, para así crear una base alimentaria nacional.

En segundo lugar, es necesario destacar la influencia de las ideas "desarrollistas" en el enfoque que identificaba el desarrollo económico con la industrialización sustitutiva de importaciones.

Estas ideas tuvieron objetivamente una acogida favorable a causa de un conjunto de factores que influyeron en ello. Entre estos factores se encuentra la propia política de diversificación agrícola, que se veía entonces como el complemento indispensable del desarrollo fabril. Asimismo, la experiencia histórica de la década del 50 demostraba que un proceso de industrialización en Cuba podría aliviar la situación del desempleo urbano en alguna medida, aún cuando el mismo fuese limitado y deformante. De esta manera, la necesidad de crear rápidamente nuevas fuentes de empleo, con una remuneración aceptable se identificaba, desde hacía muchos años y de forma general, con la creación de nuevas industrias.

En tercer lugar, era generalmente reconocida la necesidad de planificar el desarrollo económico de manera consciente. Esta idea que en los centros del pensamiento económico de la burguesía cubana contaba con fuerte oposición, reflejaba no obstante, la influencia de los éxitos de la planificación socialista y de la adopción de algún tipo de programación económica en el contexto latinoamericano de entonces, sobre todo a partir de las propuestas elaboradas por la CEPAL.

En síntesis, muchas de las ideas contenidas en la política económica aplicada durante los dos primeros años de la Revolución constituyeron antecedentes inmediatos de los proyectos de planificación que comenzaría a elaborarse a partir del último trimestre de 1960, dándole así una cierta continuidad a la política económica del Gobierno Revolucionario entre 1959 y 1963.