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A mediados de octubre de 1849 reanudó sus sesiones la Asamblea Nacional. El 1 de noviembre, Bonaparte la sorprendió con un mensaje en el que le anunciaba la destitución del ministerio Barrot-Falloux y la formación de un nuevo ministerio. Jamás e ha arrojado a lacayos de su puesto con menos cumplidos que Bonaparte a sus ministros. Los puntapiés destinados a la Asamblea Nacional los recibían, por el momento, Barrot y Compañía.
El ministerio Barrot estaba compuesto, como hemos visto, por legitimistas y orleanistas, era un ministerio del partido del orden. Bonaparte había necesitado de él para disolver la Constituyente republicana, poner por obra la expedición contra Roma y destrozar el partido democrático. Él se había eclipsado aparentemente detrás de este ministerio, entregando el poder del Gobierno en manos del mismo partido del orden y poniéndose la careta de modestia que bajo Luis Felipe llevaba el gerente responsable de los periódicos, la careta del homme de paille. Ahora se quitó la máscara, que no era ya velo sutil detrás del que podía ocultar su fisonomía, sino la máscara de hierro que le impedía mostrar una fisonomía propia. Había constituido el ministerio Barrot para hacer saltar, en nombre del partido del orden, la Asamblea Nacional republicana, y lo destituyó para declarar a su propio nombre independiente de la Asamblea Nacional del partido del orden.
Pretextos plausibles para esta destitución no faltaban. El ministerio Barrot descuidaba incluso las formas de decoro que habrían hecho aparecer al presidente de la república como un poder al lado de la Asamblea Nacional. Durante las vacaciones parlamentarias Bonaparte publicó una carta dirigida a Edgar Ney en la que parecía desaprobar la actuación liberal del Papa del mismo modo que había publicado, en oposición a la Constituyente, otra carta en la que elogiaba a Oudinot por su ataque contra la República de Roma. Al votarse en la Asamblea Nacional el presupuesto de la expedición romana, Víctor Hugo, por un supuesto liberalismo, puso a discusión esa carta. El partido del orden ahogó entre exclamaciones despectivamente incrédulas la ocurrencia de que las ocurrencias de Bonaparte pudieran tener la menor importancia política. Ninguno de los ministros recogió el guante en su favor. En otra ocasión, Barrot, con su conocido patetismo vacuo, dejó escapar desde la tribuna palabras de indignación contra los «manejos abominables» en que, según su testimonio, andaban las personas más cercanas al presidente. Por último, el ministerio, a la par que hacía aprobar por la Asamblea Nacional una pensión de viudedad para la duquesa de Orleans, rechazaba todas las propuestas para aumentar la lista civil de la presidencia. Y en Bonaparte, el pretendiente imperial se fundía tan íntimamente con el caballero de industria arruinado, que una gran idea, la de su misión de restaurador del imperio, se complementaba siempre con otra: la de que el pueblo francés tenía la misión de saldar sus deudas.
El ministerio Barrot-Falloux fue el primero y el último ministerio parlamentario nombrado por Bonaparte. Por eso su destitución señala un viraje decisivo. Con él, el partido del orden perdió, para no recuperarlo jamás, un puesto indispensable para afirmar el régimen parlamentario, el asidero del poder ejecutivo. Se comprende inmediatamente que en un país como Francia, donde el poder ejecutivo dispone de un ejército de funcionarios de más de medio millón de individuos y tiene por tanto constantemente bajo su dependencia más incondicional a una masa inmensa de intereses y exigencia, donde el Estado tiene atada, fiscalizada, regulada, vigilada y tutelada a la sociedad civil, desde sus manifestaciones más amplias de vida hasta sus vibraciones más insignificantes, desde sus modalidades más generales de existencia hasta la existencia privada de los individuos, donde este cuerpo parasitario adquiere, por medio de una centralización extraordinaria, una ubicuidad, una omniscencia, una capacidad acelerada de movimientos y una elasticidad que sólo encuentran correspondencia en la dependencia desamparada, en el carácter caóticamente informe del auténtico cuerpo social, se comprende que en un país semejante, al perder la posibilidad de disponer de los puestos ministeriales, la Asamblea Nacional perdía toda influencia efectiva, si al mismo tiempo no simplificaba la administración del Estado, no reducía todo lo posible el ejército de funcionarios y finalmente no dejaba a la sociedad civil y a la opinión pública crearse sus órganos propios, independientes del poder del Gobierno. Pero, el interés material de la burguesía francesa está precisamente entretejido del modo más íntimo con la conservación de esta extensa y ramificadísima maquinaria del Estado. Coloca aquí a su población sobrante y completa en forma de sueldos del Estado lo que no puede embolsarse en forma de beneficios, intereses, rentas y honorarios. De otra parte, su interés político la obligaba a aumentar diariamente la represión, y por tanto los recursos y el personal del poder del Estado, a la par que se veía obligada a sostener una guerra ininterrumpida contra la opinión pública y mutilar y paralizar recelosamente los órganos independientes de movimiento de la sociedad, allí donde no conseguía amputarlos por completo. De este modo, la burguesía francesa veíase forzada, por su situación de clase, de una parte, a destruir las condiciones de vida de todo poder parlamentario, incluyendo, por tanto, el suyo propio, y, de otra, a hacer irresistible el poder ejecutivo hostil a ella.
El nuevo ministerio llamábase el ministerio d'Hautpoul. No porque el general d'Hautpoul hubiese obtenido el rango de presidente del Consejo. Con Barrot, Bonaparte había suprimido prácticamente esta dignidad, que condenaba el presidente de la república, ciertamente, a la nulidad legal de un rey constitucional, pero de un rey constitucional sin trono y sin corona, sin cetro y sin espada, sin atributo de la irresponsabilidad, sin la posesión imprescriptible de la suprema dignidad del Estado y, lo más fatal de todo, sin lista civil. En el ministerio d'Hautpoul no había más que un hombre de fama parlamentaria, el prestamista Fould, uno de los miembros de peor reputación de la alta finanza. Le tocó en suerte la cartera de Hacienda. Consúltense las cotizaciones de la Bolsa de París y se verá que, desde el 1 de noviembre de 1849, los fondos franceses suben y bajan con las subidas y bajadas de las acciones bonapartistas. Habiendo encontrado así su aliado en la Bolsa, Bonaparte se adueñó, al mismo tiempo, de la policía mediante el nombramiento de Carlier para prefecto de policía de París.
Sin embargo, las consecuencias del cambio de ministerio sólo podían revelarse conforme fuesen desarrollándose las cosas. Por el momento, Bonaparte sólo había dado un paso adelante para luego verse empujado hacia atrás de un modo tanto más visible. A su agrio mensaje, siguió la declaración más servil de sumisión a la Asamblea Nacional. Cuantas veces los ministros hacían el tímido intento de presentar como proyectos de ley sus caprichos personales, ellos mismos parecían cumplir a regañadientes un mandato grotesco, obligados tan sólo por su posición y convencidos de antemano de la falta de éxito. Cuantas veces Bonaparte, a espaldas de sus ministros, se iba de la lengua hablando de sus intenciones y jugando con sus idées napoléoniennes, sus mismos ministros le desautorizan desde lo alto de la tribuna de la Asamblea Nacional. Parecía como si sus apetitos usurpadores sólo se exteriorizasen para que no se acallasen las risas malignas de sus adversarios. Se comportaba como un genio ignorado, considerado por el mundo entero como un bobo. Jamás fue objeto del desprecio de todas las clases de un modo más completo que durante este período. Jamás la burguesía dominó de un modo más incondicional, jamás hizo una ostentación más jactanciosa de las insignias de su dominación.
No me propongo escribir aquí la historia de sus actividades legislativas, que se resume, durante este período, en dos leyes: la ley restableciendo el impuesto sobre el vino y la ley de enseñanza, que suprime la incredulidad religiosa. Si a los franceses se les ponían obstáculos para beber vino, en cambio se les servía con tanta mayor abundancia el agua de la vida justa. Si en la ley sobre el impuesto del vino la burguesía declaraba intangible el antiguo odioso sistema fiscal francés, con la ley de enseñanza intentaba asegurar el antiguo estado de ánimo de las masas, que lo hacía soportar. Se asombra uno de ver a los orleanistas, a los burgueses liberales, estos viejos apóstoles del volterianismo y de la filosofía ecléctica, confiar a sus enemigos hereditarios, los jesuitas, la administración del espíritu francés. Pero, orleanistas y legitimistas, aunque discrepasen en lo que se refería al pretendiente a la corona, comprendían que su dominación colegiada exigía unir los medios de opresión de dos épocas, que los medios de sojuzgamiento de la monarquía de Julio debían completarse y fortalecerse con los medios de sojuzgamiento de la Restauración.
Los campesinos, defraudados en todas sus esperanzas, oprimidos más que nunca, de una parte, por el bajo nivel de los precios de los cereales y, de otra parte, por la carga de las contribuciones y por el endeudamiento hipotecario, cada vez mayores, comenzaron a agitarse en los departamentos. Se les contestó con una batida furiosa contra los maestros de escuela, que fueron sometidos al prefecto, y con un sistema de espionaje, al que quedaron sometidos todos. En París y en las grandes ciudades, la reacción misma presenta la fisonomía de su época y provoca más de lo que reprime. En el campo, se hace baja, vulgar, mezquina, agobiante, vejatoria; en una palabra, el gendarme. Se comprende hasta qué punto tres años de régimen del gendarme, bendecido por el régimen del cura, tenía que desmoralizar a las masas incultas.
Por grande que fuese la suma de pasión y declamación que el partido del orden derrochase desde lo alto de la tribuna de la Asamblea Nacional contra la minoría, sus discursos eran monosilábicos, como los del cristiano, que ha de decir: sí, sí; no, no. Monosilábicos en la tribuna y monosilábicos en la prensa. Insulsos como los acertijos cuya solución se sabe de antemano. Ya se trate del derecho de petición o del impuesto sobre el vino, de la libertad de prensa o de la libertad del comercio, de los clubes o del reglamento municipal, de la protección de la libertad personal o de la regulación del presupuesto del Estado, la consigna se repite siempre, el tema es siempre el mismo, el fallo está siempre preparado y reza invariablemente: «¡Socialismo» Se presenta como socialista hasta el liberalismo burgués, como socialista la ilustración burguesa, como socialista la reforma financiera burguesa. Era socialista construir un ferrocarril donde había ya un canal y socialista defenderse con el palo cuando le atacaban a uno con la espada.
Y esto no era mera retórica, moda, táctica de partido. La burguesía tenía la conciencia exacta de que todas las armas forjadas por ella contra el feudalismo se volvían contra ella misma, de que todos los medios de cultura alumbrados por ella se rebelaban contra su propia civilización, de que todos los dioses que había creado la abandonaban. Comprendía que todas las llamadas libertades civiles y los organismos de progreso atacaban y amenazaban, al mismo tiempo, en la base social y en la cúspide política a su dominación de clase, y por tanto se habían convertido en «socialistas». En esta amenaza y en este ataque veía con razón el secreto del socialismo, cuyo sentido y cuya tendencia juzgaba ella más exactamente que se sabe juzgar a sí mismo el llamado socialismo, el cual no puede comprender por ello cómo la burguesía se cierra a cal y canto contra él, ya gima sentimentalmente sobre los dolores de la humanidad, ya anuncie cristianamente el reino milenario y la fraternidad universal, ya chochee humanísticamente hablando de ingenio, cultura, libertad o cavile doctrinalmente un sistema de conciliación y bienestar de todas las clases sociales. Lo que no comprendía la burguesía era la consecuencia de que su mismo régimen parlamentario, de que dominación política en general tenía que caer también bajo la condenación general, como socialista. Mientras la dominación de la clase burguesa no se hubiese organizado íntegramente, no hubiese adquirido su verdadera expresión política, no podía destacarse tampoco de un modo puro el antagonismo de las otras clases, ni podía, allí donde se destacaba, tomar el giro peligroso que convierte toda lucha contra el poder del Estado en una lucha contra el capital. Cuando en cada manifestación de vida de la sociedad veía un peligro para la «tranquilidad», ¿cómo podía empeñarse en mantener a la cabeza de la sociedad el régimen de la intranquilidad, su propio régimen, el régimen parlamentario, este régimen que, según la expresión de uno de sus oradores, vive en la lucha y merced a la lucha? El régimen parlamentario vive de la discusión, ¿cómo, pues, va a prohibir que se discuta? Todo interés, toda institución social se convierten aquí en ideas generales, se ventilan bajo forma de ideas; ¿cómo, pues, algún interés, alguna institución van a situarse por encima del pensamiento e imponerse como artículo de fe? La lucha de los oradores en la tribuna provoca la lucha de los plumíferos de la prensa, el club de debates del parlamento se complementa necesariamente con los clubes de debates de los salones y de las tabernas, los representantes que apelan continuamente a la opinión del pueblo autorizan a la opinión del pueblo para expresar en peticiones su verdadera opinión. El régimen parlamentario lo deja todo a la decisión de las mayorías; ¿cómo, pues, no van a querer decidir las grandes mayorías fuera del parlamento? Si los que están en las cimas del Estado tocan el violín, ¿qué cosa más natural sino que los que están abajo bailen?
Por tanto, cuando la burguesía excomulga como «socialista» lo que antes ensalzaba como «liberal», confiesa que su propio interés le ordena esquivar el peligro de su Gobierno propio, que para poder imponer la tranquilidad en el país tiene que imponérsela ante todo a su parlamento burgués, que para mantener intacto su poder social tiene que quebrantar su poder político; que los individuos burgueses sólo pueden seguir explotando a otras clases y disfrutando apaciblemente de la propiedad, la familia, la religión y el orden bajo la condición de que su clase sea condenada con las otras clases a la misma nulidad política; que, para salvar la bolsa, hay que renunciar a la corona, y que la espada que había de protegerla tiene que pender al mismo tiempo sobre su propia cabeza como la espada de Damocles.
En el campo de los intereses cívicos generales, la Asamblea Nacional se mostró tan improductiva, que, por ejemplo, los debates sobre el ferrocarril París-Aviñón, comenzados en el invierno de 1850, no habían terminado todavía el 2 de diciembre de 1851. Donde no se trataba de oprimir, de actuar reaccionariamente, estaba condenada a una esterilidad incurable.
Mientras el ministerio de Bonaparte tomaba en parte la iniciativa de leyes en el espíritu del partido del orden, y en parte exageraba todavía más su severidad en la ejecución y manejo de las mismas, el propio Bonaparte intentaba, mediante propuestas puerilmente necias, ganar popularidad, poner de manifiesto su antagonismo con la Asamblea Nacional y apuntar al designio secreto de abrir al pueblo francés sus tesoros ocultos, designio cuya ejecución sólo impedían provisionalmente las circunstancias. Así, la proposición de decretar un aumento de cuatro sous diarios para los sueldos de los suboficiales. Así la proposición de crear un Banco para conceder créditos de honro a los obreros. Obtener dinero regalado y prestado: he aquí la perspectiva con que esperaba que las masas picasen el anzuelo. Regalar y recibir prestado: a eso se limita la ciencia financiera del lumpemproletariado, lo mismo del distinguido que del vulgar. A esto se limitaban los resortes que Bonaparte sabía poner en movimiento. Jamás un pretendiente ha especulado más simplemente sobre la simpleza de las masas.
La Asamblea Nacional montó repetidas veces en cólera ante estos intentos innegables de ganar popularidad a costa suya, ante el peligro creciente de que este aventurero, al que espoleaban las deudas y al que no contenía el temor de perder reputación adquirida, osase un golpe desesperado. La desarmonía entre el partido del orden y el presidente había adoptado ya un carácter amenazador, cuando un acontecimiento inesperado volvió a echarse a éste, arrepentido, en brazos de aquél. Nos referimos a las elecciones parciales del 10 de marzo de 1850. Estas elecciones se celebraron para cubrir los puestos de diputados que la prisión o el destierro habían dejado vacantes después del 13 de junio. París sólo eligió a candidatos socialdemócratas. Concentró incluso la mayoría de los votos en un insurrecto junio de 1848, en De Flotte. La pequeña burguesía de París, aliada al proletariado, se vengaba así de su derrota del 13 de junio de 1849. Parecía como si sólo se hubiese retirado del campo de batalla en el momento de peligro para volver a pisarlo, con un amasa mayor de fuerzas combativas y con una consigna de guerra más audaz, al presentarse la ocasión propicia. Una circunstancia parecía aumentar el peligro de esta victoria electoral. El ejército votó en París por el insurrecto de junio, contra La Hitte, un ministro de Bonaparte, y en los departamentos votó en gran parte por los «montañeses», que también aquí, aunque no de un modo tan decisivo como en París, afirmaron la supremacía sobre sus adversarios.
Bonaparte viose, de pronto, colocado otra vez frente a la revolución. Lo mismo que el 29 de enero de 1849, lo mismo que el 13 de junio de 1849, el 10 de marzo de 1850 desapareció detrás del partido del orden. Se inclinó pidió pusilánimemente perdón, se brindó a nombrar cualquier ministerio que la mayoría parlamentaria ordenase, suplicó incluso a los jefes de partido, orleanistas y legitimistas, a los Thiers, a los Berryer, a los Broglie, a los Molé, en una palabra, a los llamados «burgraves» a que empuñasen ellos mismos el timón del Estado. El partido del orden no supo aprovechar este momento único. En vez de tomar audazmente el poder que le ofrecían no obligó siquiera a Bonaparte a reponer el ministerio destituido el 1 de noviembre; se contentó con humillarle mediante le perdón y con incorporar al ministerio d'Hautpoul al señor Baroche. Este Baroche había vomitado furia como acusador público, una vez contra los revolucionarios del 15 de mayo y otra contra los demócratas del 13 de junio, ante el Tribunal Supremo del Bourges, ambas veces por atentado contra la Asamblea Nacional. Ninguno de los ministros de Bonaparte había de contribuir más a desprestigiar a la Asamblea Nacional, y después del 2 de diciembre de 1851 le volvemos a encontrar, bien instalado y espléndidamente retribuido, de vicepresidente del Senado. Había escupido en la sopa de los revolucionarios, para que luego se la comiese Bonaparte.
Por su parte, el Partido Socialdemócrata sólo parecía acechar pretextos para poner de nuevo en tela de juicio su propia victoria y mellarla. Vidal, uno de los diputados recién elegidos en París, había salido elegido también por Estrasburgo. Le convencieron de que rechazase el acta de París y optase por la de Estrasburgo. Por tanto, en vez de dar a su victoria en el terreno electoral un carácter definitivo, obligando con ello al partido del orden a discutírsela inmediatamente en el parlamento; en vez de empujar así al adversario a la lucha en el momento de entusiasmo popular y aprovechando el estado de espíritu favorable del ejército, el partido democrático aburrió a París durante los meses de marzo y abril con una nueva campaña de agitación electoral, dejó que las pasiones populares excitadas se extenuasen en este nuevo juego de escrutinio provisional, que la energía revolucionaria se saciase con éxitos constitucionales, se gastase en pequeñas intrigas, hueras declamaciones y movimientos aparentes, que la burguesía se concentrase y tomase sus medidas, y, finalmente, que la significación de las elecciones de marzo encontrase, en la votación parcial de abril, con la elección de Eugenio Sue, un comentario sentimental suavizador. En una palabra, le hizo el 10 de marzo una broma de 1 de abril.
La mayoría parlamentaria comprendió la debilidad de su adversario. Sus diecisiete burgraves -pues Bonaparte les había entregado la dirección y la responsabilidad del ataque- elaboraron una nueva ley electoral, cuyo proyecto se confió al señor Faucher, quien recabó para sí este honor. La ley fue presentada por él el 8 de mayo,; en ella, se abolía el sufragio universal, se imponía como condición que el elector llevase tres años domiciliado en el punto electoral, y finalmente, a los obreros se les condicionaba la prueba de este domicilio al testimonio de su patrono.
Toda la excitación y toda la furia revolucionaria de los demócratas durante la lucha constitucional de las elecciones se convirtieron en prédicas constitucionales, recomendando, ahora que se trataba de probar con las armas en la mano que aquellos triunfos electorales habían ido en serio: orden, calma mayestática (calme majestueux), actitud legal, es decir, sumisión ciega a la voluntad de la contrarrevolución, que se imponía insolentemente como ley. Durante el debate, la Montaña avergonzó al partido del orden, haciendo valer contra su pasión revolucionaria la actitud desapasionada del hombre de bien que no se sale del terreno legal y fulminándole con el espantoso reproche de que se comportaba revolucionariamente. Hasta los diputados recién elegidos se esforzaron en demostrar, con su actitud correcta y reflexiva, cuán ignorantes eran quienes los denigraban como anarquistas e interpretaban su elección como una victoria revolucionaria. El 31 de mayo fue aprobada la nueva ley electoral. La Montaña se contentó con meter de contrabando una protesta en el bolsillo del presidente. A la ley electoral le siguió una nueva ley de prensa, con la que quedaba suprimida de raíz toda la prensa diaria revolucionaria. Era la suerte que se había merecido. El National y La Presse -dos órganos burgueses-, quedaron después de este diluvio como la avanzada más extrema de la revolución.
Vimos que los jefes democráticos hicieron, durante los meses de marzo y abril, todo lo posible por embrollar al pueblo de París en una lucha ficticia y que después del 8 de mayo hicieron todo lo posible por contenerlo de la lucha real. No debemos , además olvidar que el año 1850 fue uno de los años más brillantes de prosperidad industrial y comercial, y que, por tanto, el proletariado de París tenía trabajo en su totalidad. Pero la ley electoral del 31 de mayo de 1850 le apartaba de toda intervención en el poder político. Lo aislaba hasta del propio campo de la lucha. Volvía a precipitar a los obreros a la situación de parias en que vivían antes de la revolución de febrero. Al dejarse guiar por los demócratas frente a este acontecimiento y al olvidar el interés revolucionario de su clase ante un bienestar momentáneo, renunciaron al honor de ser una potencia conquistadora, se sometieron a su suerte, demostraron que la derrota de junio de 1848 los había incapacitado para luchar durante muchos años y que, por el momento, el proceso histórico tenía que pasar de nuevo sobre sus cabezas. En cuanto a la democracia pequeñoburguesa, que el 13 de junio había gritado: «¡Ah, pero si tocan al sufragio universal, ah, entonces!», se consolaba ahora pensando que el golpe contrarrevolucionario que se había descargado sobre ella no era tal golpe y que la ley del 31 de mayo no era tal ley. El segundo domingo de mayo de 1852, todo francés comparecerá en el palenque electoral, empuñando en una mano la papeleta de voto y en la otra la espada. Esta profecía le servía de satisfacción. Finalmente, el ejército volvió a ser castigado pro sus superiores por las elecciones de marzo y abril de 1850, como lo había sido por las del 28 de mayo de 1849. Pero esta vez se dijo resueltamente: «¡La revolución no nos engañará por tercera vez!»
La ley del 31 de mayo de 1850 era el coup d'état de la burguesía. Todas sus victorias anteriores sobre la revolución tenían un carácter meramente provisional. Tan pronto como la Asamblea Nacional en funciones se retiraba de la escena, comenzaban a ser dudosas. Dependían del azar de unas nuevas elecciones generales, y la historia de las elecciones desde 1848 probaba irrefutablemente que en la misma proporción en que se desarrollaba el poder efectivo de la burguesía, ésta iba perdiendo su poder moral sobre las masas del pueblo. El 10 de marzo, el sufragio universal se pronunció directamente en contra de la dominación de la burguesía; la burguesía contestó proscribiendo el sufragio universal. La ley del 31 de mayo era, pues, una de las necesidades impuestas por la lucha de clases. Por otra parte, la Constitución exigía, para que la elección del presidente de la República fuese válida, un mínimo de dos millones de votos. Si ninguno de los candidatos a la presidencia obtenía esta votación mínima, la Asamblea Nacional debería elegir al presidente entre los tres candidatos que obtuviesen más votos. Cuando la Constituyente dictó esta ley, había en el censo electoral diez millones de electores. Es decir, que a juicio de ella bastaba con los votos de una quinta parte del censo para que la elección del presidente fuese válida. La ley del 31 de mayo suprimió del censo electoral, por lo menos, tres millones de electores, redujo el número de éstos a siete millones y mantuvo, no obstante, la cifra mínima de dos millones para la elección del presidente. Por tanto, elevó el mínimo legal de una quinta parte a casi un tercio del censo; es decir, hizo todo lo posible por escamotear la elección del presidente de manos del pueblo, entregándola a manos de la Asamblea Nacional. Por donde el partido del orden parecía haber consolidado doblemente su dominación con la ley de 31 de mayo, al entregar la elección de la Asamblea Nacional y la del presidente de la República al arbitrio de la parte más estacionaria de la sociedad.