Biblioteca:Che Guevara y el debate económico en Cuba/Desarrollo económico e industrialización

Aunque la decisión de convertir al Che Guevara en presidente del Banco Nacional de Cuba, y más tarde ministro de Industrias, fuera mucho más política que técnica, el hecho es que él tuvo un papel fundamental en la gestión económica y en las discusiones sobre la transición al socialismo de la Isla. Es sabido que Guevara no tenía entrenamiento formal o académico como economista, pero, para estar a la altura del cargo que le había sido confiado, se esforzó por superar sus deficiencias, y en poco tiempo ya tenía el instrumental mínimamente necesario para conducir las instituciones bajo su responsabilidad. No obstante, la falta de un entrenamiento formal en esa rama sería uno de los motivos de las constantes críticas que se le harían en los años posteriores.

Es conocida la declaración hecha por el padre del revolucionario argentino cuando este fue nombrado presidente del Banco Nacional, el 26 de noviembre de 1959. Sorprendido, había expresado que Fidel debía de estar loco para hacer aquello. De acuerdo con él: «cada vez que un Guevara abre un negocio, va a la bancarrota» (Taibo II, 1997: 351). Es también famosa la anécdota, contada por el propio Che, sobre su nombramiento:

Durante la reunión para formar el primer gobierno revolucionario, poco después de la entrada del Ejército Rebelde en La Habana, Fidel hacía la distribución de los ministerios a los comandantes, más o menos de acuerdo con las profesiones que habían ejercido antes de la guerra:

–Fulano, que es agrónomo, será el ministro de Agricultura. Mengano, que es ingeniero, será el ministro de Obras Públicas. Zutano, abogado, ministro de Justicia.

De esa manera, Fidel fue formando el gobierno, sin problemas. Hasta que llegó el momento de escoger al presidente del Banco Nacional de Cuba. Fidel permaneció indeciso, miró a todos los presentes y finalmente preguntó:

–¿Quién es economista ahí?

Inmediatamente respondí:

–¡Yo!

Fidel me encaró, sorprendido. Se ruborizó, bajó la cabeza, pareció contrariado, y dijo:

–El presidente del Banco Nacional de Cuba será el Che.

La designación me sorprendió mucho. Y también a todos los otros. Pensé en rechazarla. Pero no lo hice. Aquel momento histórico no nos permitía rechazar ninguna tarea impuesta por la Revolución. Permanecí callado.

Terminada la distribución de cargos del gobierno, Fidel dio por terminada la reunión, pero me pidió que no me retirara, pues quería hablar conmigo.

Después que los otros salieron, Fidel exclamó:

–¡Che, yo siempre supe que tú eres médico! ¿Qué negocio es ese de que eres también economista? ¡Yo no lo sabía y tampoco lo sabían los demás!

–¿Economista? Pero, Fidel, ¡oí que preguntaste quién es comunista!

Y fue así como me convertí en presidente del Banco Nacional de Cuba (Castro Villas-Bôas, 1994: 5).

Esa anécdota se hizo célebre en los años posteriores a la gestión del Che, pero, en verdad, el nombramiento de Guevara como presidente del Banco Nacional, lejos de tener un motivo tan extravagante, fue un mensaje claro de Fidel Castro a sus enemigos políticos internos y externos. El Banco, anteriormente en manos de «liberales», de «especialistas moderados», como Felipe Pazos y Justo Carrillo, no implementaba las medidas revolucionarias necesarias para impulsar de una vez el proceso que ocurría en Cuba en todas las instituciones gubernamentales. Es bueno recordar que en 1957, por sugerencia de Frank País, personalidades como Castro, Raúl Chibás y Pazos se habían reunido para delinear el futuro de la Isla durante y después de la lucha revolucionaria. Después del triunfo del Ejército Rebelde, una nueva composición gubernamental comenzó a constituirse, incluyendo también el área económica. Raúl Cepero Bonilla, quien había recibido los cargos de ministro de Comercio e interino de Hacienda, argumentando que estaba sobrecargado, dejó la cartera de Hacienda a Rufo López-Fresquet, el cual era considerado un expert en finanzas, pero también un defensor de los intereses de la antigua clase dominante cubana. Pazos se convirtió en presidente del Banco Nacional. Aun siendo nombramientos aparentemente extraños, tenían como objetivo calmar posibles problemas con las élites del país. El hecho es que estas eran figuras prominentes, que todavía conservaban algún prestigio institucional, y podrían ser importantes en un período de transición.

Sin embargo, con una reestructuración gradual del gobierno a partir de una radicalización en los caminos de la Revolución, sería fundamental la presencia de hombres de confianza de Fidel en los principales cargos políticos. Así, Raúl Castro se convertiría en ministro de Defensa; Augusto Martínez Sánchez, ministro del Trabajo; Ramiro Valdés, ministro del Interior; José Abrahantes Fernández, viceministro del Interior y jefe nacional del Departamento de Seguridad del Estado; Manuel Piñero Losada, también viceministro del Interior y jefe nacional de la Dirección General de Inteligencia; Osmany Cienfuegos, ministro de Obras Públicas; Rolando Díaz Astaraín, ministro de Recuperación de Bienes Malversados, entre otros. La formación intelectual de Guevara, en la época con treinta y un años, y su proximidad con Fidel, fueron elementos definitorios para ocupar una posición tan importante en el gobierno. Él había sido uno de los principales líderes durante la guerra revolucionaria y comandante de la Cabaña, y también ya tenía cierta desenvoltura en los asuntos del Estado, considerando que había actuado, aunque de forma breve, como director del Departamento de Industrialización del INRA, a partir del 8 de octubre de 1959.

El Departamento de Industrialización, oficialmente codificado en la Resolución núm. 94, del 21 de noviembre de 1959, había sido creado como una respuesta directa a la necesidad de desarrollo industrial que había surgido a causa de la reforma agraria, y tenía como objetivo inicial administrar diversas industrias intervenidas por el gobierno, tanto porque sus propietarios habrían estado vinculados al antiguo régimen y enriquecidos con dinero público, como también porque varias empresas estaban abandonadas, puesto que sus dueños habían partido hacia el exterior por discrepar de la Revolución. En esa ocasión, Fidel Castro, presidente del INRA, y Antonio Núñez Jiménez, su director ejecutivo, consideraron que el Che sería el hombre ideal para ocupar tal cargo, aunque muchos estimaran que era una posición de poca importancia para alguien con su estatura política.

El equipo del Departamento de Industrialización, además del propio Che, estaba compuesto por Orlando Borrego, Aleida March, José Manresa, César Rodríguez y Francisco García Vals. De acuerdo con Borrego (2001a: 11), el Departamento comenzó a trabajar muy rápidamente y dependía casi exclusivamente de las nuevas ideas que Guevara iba desarrollando. Se elaboró una estructura organizacional, con la creación de las secciones de administración, contabilidad, compras, ventas, jurídica, de personal, de supervisión y de inventores e innovadores. En una carta a sus padres, Guevara dijo que «el Departamento de Industrialización fue mi propia creación. Yo como que lo expelí, con el sufrimiento de un padre exhausto, para sumergirme en mi don, aparentemente dado por Dios, para las finanzas» (Anderson, 1997: 516).

En poco tiempo, se hicieron intervenciones en fábricas cubanas, muchas de ellas privadas, que no recibían inversiones de los capitalistas nacionales o extranjeros, los cuales en aquel momento discrepaban de los rumbos que iba tomando la Revolución. Las intervenciones se hacían sobre la base de la Ley núm. 647, la cual ponía bajo la jurisdicción del Ministerio del Trabajo todo tipo de intervención para, de acuerdo con las disposiciones de esa ley, evitar «cualquier actividad que en forma directa o indirecta pueda alterar el equilibrio económico del país asegurando la producción necesaria a la ciudadanía, a las fuentes de trabajo y al auge y desarrollo de la economía» (Rodríguez García et al., 1985: 62). Al comenzar ese proceso, un funcionario del MINTRAB enviado a la empresa hacía un inventario, congelaba su cuenta bancaria y designaba una comisión obrera, junto con un interventor, para administrar los trabajos. En caso de que el dueño de la fábrica admitiera voluntariamente haber actuado de forma equivocada y haber comprometido la economía nacional, el Ministerio le permitía continuar trabajando como funcionario de la empresa, pero recibiendo solo un salario mensual. En la mayoría de los casos, a los propietarios se les prohibía incluso quedarse trabajando en sus antiguas compañías, y abandonan el país.

Con el aval del Ministerio del Trabajo, Guevara tuvo el permiso de actuar como considerara necesario para intervenir y administrar el sector industrial del país (Anderson, 1997: 521-522). Eso significaba que el Departamento podría interferir en cualquier empresa, tomando cuenta de su gestión, sin necesariamente cambiar de propietarios. Los objetivos principales, en ese caso, serían evitar la descapitalización, el sabotaje en la producción y los posibles abusos de sus dueños. Aun así, en algunos casos los propietarios todavía tenían el derecho de recibir las ganancias de las compañías. Esa política duró hasta finales de 1960, cuando la mayoría de las industrias cubanas pasó a manos del gobierno. Ya a finales de 1959, no obstante, el Departamento controlaba 41 pequeñas y medianas empresas.

Cuando asumió su cargo en el Banco Nacional de Cuba, Guevara todavía mantuvo formalmente su puesto en el INRA. En la práctica, sin embargo, el Departamento sería conducido por su amigo y colaborador Orlando Borrego, juntamente con César Rodríguez, Juan Borroto y Valdés Gravalosa. Durante ese período el Departamento creció, y a mediados de 1960 administraba más del 60 % de todas las industrias cubanas. Su función principal en aquel momento era elaborar proyectos que tuvieran como objetivo el complementar la reforma agraria y disminuir la presión en la balanza de pagos. Con el crecimiento del Departamento y una cantidad de industrias que sobrecargaba la institución, más tarde se creó el Ministerio de Industrias, que supuestamente tendría más condiciones estructurales para administrar las industrias del país. El Departamento de Industrialización controlaba, hasta fines de 1960, la Administración General de Ingenios, con 161 ingenios en todo el país; el Instituto Cubano del Petróleo, que dirigía las cuatro refinerías existentes; y el Instituto de Minería, que administraba las principales minas en Cuba que habían sido nacionalizadas (Guevara, 1988b: 96).

El Banco Nacional de Cuba –creado en diciembre de 1948, pero que solo comenzó a funcionar en abril de 1950– estaba compuesto por un departamento de auditoría y uno de investigaciones económicas, y poseía si acaso el cuadro de funcionarios de mayor prestigio dentro del gobierno. Cuando Guevara asumió la institución, cambió su carácter, creando estímulos para movilizar créditos hacia las actividades que más interesaban al nuevo gobierno, así como emitir moneda para cubrir los déficits presupuestarios. De acuerdo con la nueva ley orgánica del Banco Nacional, de febrero de 1961:

el Banco Nacional de Cuba, con carácter de Banco del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, ejercerá en lo sucesivo la soberanía monetaria de la Nación y el monopolio de la emisión; centralizará los recursos monetarios temporalmente libres de los organismos, de las empresas y de la población; ejercerá el crédito a corto y largo plazo y el financiamiento de las inversiones de capital; realizará las operaciones y ajustes con el exterior; custodiará las reservas monetarias y de divisas y será el único centro de ajustes y pagos del país (Rodríguez García et al., 1985: 238).

El Banco se convirtió, pues, en el fiscalizador de la actividad económica de los órganos del gobierno, así como de las empresas del Estado, y desarrolló, por otro lado, una política de créditos para el sector privado. Dentro del sector estatal, debería fiscalizar el cumplimento de los planes de las empresas, exigir la utilización racional de los recursos y acompañar el aumento de la productividad (Rodríguez García et al., 1985: 239). Al igual que el Banco Nacional, otras instituciones crediticias y de política de inversiones fueron modificadas por el nuevo gobierno.

Durante el mandato de Prío Socarrás se había instituido el Banco de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba (BANFAIC), con un capital de US$ 26 millones en la época, que más tarde tuvo una de sus secciones incorporada por el Che al Departamento de Industrialización. La División Agrícola del BANFAIC, dirigida por Justo Carrillo, incentivó supuestamente asociaciones de crédito rural, trató de mejorar las facilidades de almacenamiento y refrigeración, financió la mecanización de la producción de arroz y de otros sectores e incitó investigaciones sobre diversos productos agrícolas. El Departamento Industrial de la misma institución, que tenía como principal tarea fomentar nuevas industrias, encaminaba préstamos e «incentivaba» a empresas extranjeras a instalarse en Cuba. El BANFAIC se ocupaba prioritariamente del sector industrial, en contraposición con la mayor parte de las inversiones de los bancos particulares, que iban hacia el área agrícola, especialmente la azucarera. Entre 1950 y 1958 se puede observar un aumento del 28,6 % al 55,6 % en los préstamos a industrias no azucareras. En gran parte, las inversiones fueron hacia la Central Hidroeléctrica Cubana, en la provincia de Las Villas. Después de la Revolución, el nuevo régimen le otorgó recursos financieros de 10 millones de pesos para promover sus objetivos. La Administración de Estabilización del Arroz (AEA) comenzó también a cooperar con el BANFAIC, y le concedió a la institución créditos para transferirlos a los productores de arroz de la provincia de Oriente que querían aumentar la producción. Más tarde, ese órgano fue incorporado al INRA, con la intención de dar más cohesión y eficiencia a ese organismo.

Otro banco creado en Cuba, esta vez en el gobierno de Batista, fue el Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES). Constituido a partir del Decreto núm. 1 947, de enero de 1955, tenía como función principal distribuir recursos a entidades de crédito ya existentes que facilitaran las operaciones crediticias a corto, medio y largo plazos para el desarrollo económico y la diversificación de la producción. Esa institución fue abolida en febrero de 1960, ya que el gobierno consideraba que el Banco Nacional y el INRA podrían asumir sus funciones y responsabilidades. Entre ocho y diez empresas antes financiadas por el BANDES, y que producían pérdida o no reportaban ganancia, fueron nacionalizadas y comenzaron a presentar índices favorables, como la Técnica Cubana, de papel, la Rayonera de Matanzas y la Antillana de Acero. El capital invertido en esas industrias durante los años cincuenta era muchas veces desviado y no llegaba a ser utilizado en la ampliación y modernización de esas fábricas (Guevara, 1988b: 97-98). O sea, el BANDES era un ejemplo de mal uso del dinero público y un organismo repleto de casos de corrupción. Otras empresas, no necesariamente vinculadas a los fondos del BANDES, como los Laboratorios Gravi –integrantes del Consolidado de la Industria Química–, aumentaron su producción en 38,58 % tres meses después de su intervención, en comparación con los tres meses anteriores. La fábrica de vidrios Owens Illinois tuvo un incremento del 6,5 % solamente en el primer mes después de ser estatalizada, en tanto la Firestone vio un crecimiento de productividad del 18 %, y los Laboratorios Reinaldo Márquez, del 19,6 % (Guevara, 1988b: 96).

También habían surgido en los años cincuenta, la Financiera Nacional de Cuba –que ayudó a financiar el túnel bajo el puerto de La Habana, construido por la Societé des Grands Travaux de Marseille, con un valor de US$ 30 millones– y el Banco cubano de Comercio Exterior. En 1956 se podía observar un flujo de capitales externos de aproximadamente US$ 35,3 millones en la Isla, mientras, dos años más tarde, industrias evaluadas en US$ 15 millones comenzaron a funcionar en el país. En 1958 se concedieron autorizaciones para la instalación de industrias por valor de US$ 42 millones –incluida una industria de producción de amoníaco anhidro de US$ 18 millones, así como una de ácido sulfúrico de US$ 7,2 millones– y se construyó el hotel Habana Hilton, que costó US$ 24 millones en la época y más tarde fue nacionalizado por el Gobierno Revolucionario (Rivero, 1963: 91-93). En realidad, hasta fines de 1960 todos los bancos cubanos y extranjeros fueron nacionalizados, a partir de la Ley núm. 891, con el objetivo de garantizar al gobierno el poder de controlar la política de divisas y de créditos. Esa medida tenía la importancia estratégica de distribución de recursos, ya que la reestructuración bancaria tendría que estar adaptada a las nuevas exigencias económicas del gobierno (Bekarévich y Mancilla, 1980: 37).

Guevara revolucionaría el estilo del Banco Nacional y preocuparía a sus funcionarios más antiguos, no acostumbrados a la forma de actuación del Comandante. Durante los catorce meses en que el Che permaneció en el Banco Nacional, demostraría su estilo poco ortodoxo de trabajar: desde la mitad de la mañana hasta altas horas de la madrugada pasaba el día despachando, conversando, discutiendo y estudiando, siempre con su característico uniforme verde olivo, muchas veces recibiendo a sus invitados y visitantes fumando tabacos y con los pies encima de la mesa de trabajo (Castañeda, 1997: 201), mientras colmaba el lugar de asistentes y guardaespaldas, en general muchachos del interior del país, con cabellos largos y vistiendo uniformes militares. Aunque desempeñaba diferentes funciones, ya que continuaba manteniendo su grado y sus responsabilidades militares, era el encargado de la formación cultural del Ejército, trabajaba como director del Departamento de Industrialización del INRA y era el presidente del Banco Nacional, insistía en recibir solamente 440 pesos por mes, su salario de comandante. También mostró cierto desprecio por el dinero, al comenzar a firmar solo como «Che» los billetes emitidos por la institución de la cual era responsable.

En esa época el Banco todavía estaba repleto de funcionarios de la antigua gestión de Felipe Pazos, quienes no se habían adaptado a los nuevos rumbos de la política económica cubana. Con la dimisión y partida de muchos de ellos hacia los Estados Unidos, Guevara tuvo que buscar asesores fuera de Cuba que pudieran ayudarlo. Gradualmente, un nuevo equipo se fue consolidando. Eran profesores y economistas latinoamericanos, en general marxistas, que se ocupaban en dar clases al líder revolucionario, así como en auxiliarlo en los temas pertinentes al Banco Nacional. Incluso antes de haber asumido su puesto, Guevara ya había asistido a conferencias sobre El capital, dictadas por Anastásio Mancilla (doctor en Ciencias Económicas y profesor del Instituto de Ciencias Sociales de Moscú), así como recibió clases de matemática avanzada con Salvador Villaseca, y de economía con uno de los más importantes asesores de la CEPAL, el mexicano Juan Noyola.

De acuerdo con Noyola, jefe de la misión de la CEPAL en el país, una política de desarrollo debería cumplir diversos requisitos, como la utilización plena de los recursos productivos cubanos. Eso significaba acabar con el desempleo, con las causas de la subutilización del uso de la tierra y mejorar el sector industrial, en los aspectos de generación de energía, transportes, etc. También sería importante aumentar la tasa de formación de capital, el volumen de excedente económico, la cantidad de recursos destinados a la inversión, así como orientar esas inversiones de forma más adecuada. En otras palabras: una reforma agraria, una política tarifaria más proteccionista y una política de Estado que tratara de resolver los puntos de estrangulamiento financiero, ampliando la base productiva de la economía (Rodríguez García et al., 1985: 207). En ese sentido, se debería aumentar los usos de la industria azucarera, utilizando el azúcar como subproducto; desarrollar la industria siderúrgica y algunas ramas de la industria mecánica; absorber en el sector industrial y de servicios a toda la población empleada y desempleada en los diez años siguientes, y aumentar la producción agrícola sin aumentar el número de personas envueltas en esta actividad (Rodríguez García et al., 1985: 207-208). La necesidad de formar economistas en las universidades cubanas estaba clara para el Che:

Cuando nosotros no tenemos sino chilenos, mexicanos, argentinos, venezolanos, peruanos o cualquier otro de los compatriotas de América como asesores económicos, ya sea enviados por la CEPAL o el INRA, e incluso nuestro Ministro de Economía ha sido formado en universidades extranjeras, sencillamente la pregunta de si hace falta o no hace falta una Escuela de Economía es obvia: hace una falta enorme, y con profesores calificados, y además con profesores capaces de interpretar el ritmo y la dirección del desarrollo de nuestra economía, que es como decir el ritmo y desarrollo de nuestra Revolución (Guevara, 1982: 161).

En aquel momento, no obstante, los asesores extranjeros todavía eran fundamentales para apoyar a Guevara y su equipo. La presencia de visitantes que prestaban algún auxilio en los debates sobre los rumbos económicos de la Isla, también fue significativa. Entre ellos estaban intelectuales como Leo Huberman, Paul Sweezy, y los otros marxistas norteamericanos de la Monthly Review, así como René Dumont, Michal Kalecki, Jacques Chonchol y Sartre, quienes discutieron diversos temas con los dirigentes del país. Importantes economistas cubanos, como Raúl Cepero Bonilla y Regino Boti, también fueron extremadamente influyentes en las orientaciones económicas de Cuba a comienzos de la Revolución. Se fue consolidando poco a poco una línea política dentro del Banco Nacional y del gobierno en general, que influiría más tarde en las opiniones del Che en la época del debate económico y en las discusiones con otros miembros del gobierno.

Aunque el fondo de reservas disponibles había aumentado, entre 1959 y 1960, todavía era muy reducido, lo que llevaba al gobierno a tratar de acelerar el proceso de sustitución de importaciones para garantizar una estabilidad duradera en la balanza de pagos, con menores gastos de divisas, a través de la balanza comercial favorable al país. Para comenzar un proceso de industrialización en el primer quinquenio serían necesarios, solamente en lo que se refiere a las importaciones de material, sin contar el trabajo humano y los materiales domésticos, específicamente en el sector químico, alrededor de US$ 150 millones. Las inversiones para el autoabastecimiento de papel, con pulpas producidas totalmente en Cuba, serían del orden de US$ 90 millones (Guevara, 1988b: 98). Para eso, el gobierno trataba de estimular la creación de un fondo de ahorro nacional. Entre diversas medidas, fue promulgada la Ley núm. 447 de reforma tributaria, con el objetivo de crear una política fiscal que sirviera de acelerador del desarrollo económico, tratando de sobretasar productos superfluos e incentivar la producción de interés social. Así, la ley tasaba en 20 % los automóviles y relojes, y 15 % la cerveza y otros artículos. Los impuestos eran del 3 % sobre el total de los salarios anuales para las personas que recibieran hasta US$ 4 mil por año, y el 60 % para aquellos que ganaran más de US$ 500 mil anuales (Rodríguez García et al., 1985: 69-70). Otra medida fue solicitar a los trabajadores que donaran voluntariamente el 4 % de sus salarios mensuales para un fondo del gobierno. Aunque el fardo pudiera ser pesado en sus inicios, los dirigentes cubanos consideraban que ese sería el camino correcto para el desarrollo económico del país.

Como se puede advertir, la influencia del pensamiento cepalino podía ser notada en aquellos primeros momentos de la Revolución. De acuerdo con los principales teóricos de la CEPAL, sería necesario hacer un reacondicionamiento estructural de las relaciones de intercambio con los centros, combinando racionalmente las exportaciones industriales con la sustitución de importaciones (Prebisch, 1981: 9). Raúl Prebisch comentaba que su objetivo era la transformación del sistema a través de soluciones concretas, a partir de la socialización del excedente económico, corrigiendo, consecuentemente, las inmensas desigualdades en el campo social y acelerando el ritmo de la acumulación (Prebisch, 1981: 11). Octavio Rodríguez, otro teórico cepalino, expuso las principales ideas de la Comisión en los años cincuenta en relación con el desarrollo económico como las expresadas en la elevación del bienestar material de la población, que a su vez sería un reflejo del aumento de la renta per capita real y del crecimiento de la productividad media del trabajo (Rodríguez, 1981: 36). En el campo internacional, las relaciones entre centro y periferia estarían consolidadas en un esquema en el que los países subdesarrollados tendrían la función de producir y exportar materias primas y productos no terminados, al mismo tiempo que las naciones de capitalismo avanzado estarían encargadas de producir artículos industrializados para todo el sistema.

Ese cuadro debería ser modificado para que un desarrollo real pudiera producirse en algunas regiones atrasadas económicamente, con políticas internas que garantizaran acumulación, progreso técnico y aumento significativo en la ocupación de trabajo. Si el cuadro de desarrollo técnico-industrial del centro y el papel tradicional de la periferia como productor y exportador de productos primarios se mantuvieran estáticos en los mismos moldes históricos, de hecho, no sería posible el desarrollo económico de las economías atrasadas. La única forma de salir del atraso sería, necesariamente, a partir de determinado momento de relativa acumulación interna, aspectos generales de la economía internacional y dificultades de asignación de la fuerza de trabajo en el mercado de trabajo doméstico, invertir en proyectos de industrialización, el camino obligatorio para estos países. La industrialización sería, pues, la forma principal y necesaria para el crecimiento económico de los países en desarrollo (Rodríguez, 1981: 45).

Pero ciertamente las dificultades en este nuevo período de desarrollo serían grandes, considerando, entre otros factores, que el exceso de mano de obra de sectores técnicamente atrasados desplazado hacia nuevas unidades de producción con tecnologías modernas, propiciaría una fase de adaptación que podría llevar a una disminución inicial de la producción. En esta primera etapa, por lo tanto, el desempleo, aun siendo reducido, todavía continuaría existiendo, así como los desequilibrios intersectoriales en el sector productivo. La expansión del sector industrial tendría importancia en el sentido de lograr que la periferia creciera a un ritmo mayor que el centro; al mismo tiempo, por causa de un posible desequilibrio externo, serían necesarias políticas restrictivas de importación, que limitaran la entrada de determinados artículos e incentivaran su producción internamente, impidiendo la entrada de artículos superfluos, cambiando la característica de los bienes importados de forma general, y promoviendo y profundizando gradualmente ese proceso de sustitución de importaciones.

En el ámbito de la política de Estado, se debería implementar la planificación económica, o sea, una acción consciente y sustentada por el gobierno para garantizar que los recursos se asignaran de manera correcta. De acuerdo con la CEPAL, por lo tanto, los dirigentes de los países en desarrollo debían promover iniciativas que aumentaran el ahorro nacional, crear mecanismos eficaces de política fiscal, controlar y asignar los recursos crediticios, tener la capacidad de captación de capital externo, invertir en sectores importantes de la economía –tanto en infraestructura como en la producción directa–, desplazar la mano de obra de la agricultura gradualmente hacia el sector industrial, e invertir en el campo tecnológico.

Aunque Guevara (1982: 100) hubiera afirmado que el «Dr. Prebisch» estaba «claramente del lado de los desheredados», la postura del revolucionario argentino fue siempre más vinculada a las concepciones leninistas (el Lenin anterior a la NEP) que a las cepalinas. Debemos recordar también que muchos de sus asesores eran miembros del PC chileno y de la Unión Soviética, y que las ideas de la CEPAL tuvieron influencia en un período inicial, pues en la época componían un andamiaje teórico interesante que no se podía dejar de lado. Pero el Che era consciente de que no se podría creer que el desarrollo autónomo se pudiera llevar a cabo con la complacencia de potencias extranjeras, que tenían intereses en la Isla. Sería muy difícil un desarrollo en nuevos moldes, inclusive los propuestos por la CEPAL, dentro del cuadro más amplio del capitalismo monopolista. Como Guevara era flexible y heterodoxo en términos económicos, estaba abierto a las sugerencias y a la aplicación de ideas que fueran más eficientes para la economía cubana. Pero esto en términos estrictamente técnicos. Conceptualmente, él no podría admitir que medidas tan profundas se pudieran implementar en los marcos del sistema capitalista monopolista de la época.

Incluso antes de la Revolución, algunas personalidades conservadoras vinculadas al gobierno de Batista, así como críticos progresistas, ya señalaban la necesidad de la industrialización y las diferencias de conceptualización del término «desarrollo» en el caso cubano. El dirigente sindical Eusebio Mujal, por ejemplo, en mayo de 1958, en su trabajo Plan nacional para el fortalecimiento y desarrollo de la economía de Cuba, sugería: reforma agraria; implementación de techos para precios de productos; desarrollo de una política comercial agresiva para estimular la diversificación en las exportaciones; incentivar la sustitución de importaciones; aumento del impuesto sobre la renta; fin de las tasas indirectas; creación de nuevas tarifas proteccionistas –principalmente en relación con los productos alimenticios y bienes de consumo terminados de los Estados Unidos–, y elaboración de un amplio proyecto de vivienda popular para los campesinos y los trabajadores de las ciudades (O’Connor, 1972: 76).

Carlos Rafael Rodríguez, miembro del PSP, atacaba a aquellos que consideraban que desarrollo sería equivalente a crecimiento de actividades de exportación o el proceso continuo de inversiones internas y externas que, supuestamente, aumentando la cantidad de capital per capita del sector productivo, elevaría la productividad del trabajador, la capacidad de ahorro y el consumo. La idea de desarrollo asociada al aumento de la producción azucarera también significaría para él un desvío del camino y el alejamiento del desarrollo (Rodríguez, 1983b: 41). De acuerdo con ese autor, las diferentes definiciones del término no discutían su problema básico, o sea, la conformación estructural de la economía, pues no se podría desarrollar un país que no poseyera las fuerzas productivas avanzadas. La economía cubana podía haber crecido en los años anteriores a la Revolución, pero, de hecho, no se había desarrollado. Rodríguez decía que no podría haber desarrollo sin un cierto nivel de industrialización, con un crecimiento simultáneo en diversas ramas del sector de producción (Rodríguez, 1983b: 42). También creía que, entre los teóricos burgueses del desarrollo económico, Raúl Prebisch había dejado el cuadro teórico más correcto sobre ese proceso. El miembro del PSP decía concordar sin reservas con Prebisch sobre el proceso de desarrollo. En el caso cubano, no obstante, el desarrollo debería ir más allá de la mera tecnificación en la agricultura, o de la industrialización reducida a productos agrícolas (Rodríguez, 1983b: 57). De acuerdo con él:

Solo que nosotros vamos un tanto más allá de Wallich, más allá de Pazos y más allá de Prebisch y los técnicos de la CEPAL. Estos últimos en su aporte más reciente, Analysis and Projections of Economic Development, asignan al Estado un doble papel: utilizar los instrumentos monetarios fiscales y crediticios, crear un ambiente propicio a la empresa privada y acometer aquellas obras básicas que por una u otra razón no puede realizar la empresa privada. A nuestro juicio, dadas las condiciones históricas de nuestro desarrollo, el Estado tendrá que ir un poco más allá, no sólo en el terreno de la inversión, sino en el de la política regulatoria. [...] Debemos ir más lejos. Es posible que ciertos renglones industriales que resultan de enorme importancia estratégica para el desarrollo del país sólo puedan operar inicialmente con pérdidas netas. Y que, por su importancia para el proceso mismo de la economía, tengan que ser, no obstante ello, desarrollados. En esto, como lo han hecho notar numerosos economistas, no es posible tomar como índice el que resulta decisivo para el empresario privado, es decir, la productividad marginal de la empresa, sino la productividad social. Una planificación de desarrollo tendrá que adoptar las necesarias medidas para trasladar las ganancias de empresas estatales rentables a otras que no lo son, o emplear fondos estatales logrados mediante empréstito, para sostener, temporalmente, mientras se consolidan, esos renglones (Rodríguez, 1983b: 59-61).

Ya antes de la Revolución, Rodríguez defendía la nacionalización de los bancos extranjeros y de los servicios públicos. También apoyaba el control del comercio exterior y de los cambios. Para él, la necesidad de utilizar medidas fiscales, de contingencia o de cambios múltiples, sería fundamental para inhibir o prohibir el consumo de algunos productos de lujo, sentando nuevas bases para el comercio exterior, incentivando la industria nacional, aumentando el consumo interno y estimulando la diversificación en la producción (Rodríguez, 1983b: 65). Él consideraba que la falta de un mercado interno habría sido una de las causas del poco desarrollo económico del país. En la práctica, no podría haber una economía próspera si casi la mitad de la población no pertenecía al sistema de mercado de consumo. La capacidad de la industria del calzado en los años cincuenta, por ejemplo, había sido de, aproximadamente, 24 a 32 millones de pares de zapatos, en tanto el consumo en Cuba nunca llegó, en los mejores momentos, a superar la cifra de los 10 a 12 millones de pares (Rodríguez, 1983b: 141). El país, con alrededor de seis millones de habitantes, solo tenía una capacidad global de producción para tres millones de personas. La mayoría de las industrias de Cuba era pequeña y, entre las catorce mayores, con más de 500 trabajadores, estaban la Textilera Ariguanabo, la Cervecera Nacional Hatuey, la Nickaro Nickel Company, la Compañía Nacional de Alimentos, la Crusellas y Compañía, la Polar y la Tropical, o sea, empresas que, en la práctica, con excepción de la Nickaro Nickel Company, producían artículos de consumo personal, muchas veces superfluos o por lo menos no esenciales, y que no representaban la base de construcción de una estructura que pudiera impulsar un verdadero desarrollo industrial para el país (Rodríguez, 1983b: 147). También sería necesario el aumento de la población, pues Cuba necesitaba más mano de obra, así como ampliar su mercado consumidor. Según Rodríguez, para un aumento significativo en la producción serían necesarios por lo menos US$ 500 millones anuales para inversiones en maquinaria, y US$ 200 millones más para mantener el aparato industrial ya existente en el país (Rodríguez, 1983b: 171).

Regino Boti y Felipe Pazos, por otro lado, esbozaron un análisis sobre la cuantía de ahorro interno necesario para financiar las inversiones en un plazo de diez años que, en teoría, eliminaría el problema del desempleo, utilizando para ello modelos ideales a partir de los estimados de capital existente en los fondos del gobierno, índices de trabajo en la agricultura y la industria, capacidad ociosa existente y la baja productividad del capital social. Los economistas creían que serían necesarios US$ 200 millones anuales, el equivalente al total de fondos del Banco Nacional en la época (O’Connor, 1972: 78-79).

Se puede observar que el proyecto económico post-Revolución fue muy influido por la CEPAL –que tenía muchas de sus ideas discutiéndose en Cuba en los años cincuenta–, así como por una línea más radical preconizada por los comunistas. En la práctica, las propuestas eran muy parecidas; la principal diferencia, en el inicio del proceso, estaba dada por el énfasis en la profundización de las medidas, no necesariamente en su contenido. Pero, como antes se afirmó, la propia formación de Guevara y de muchos de sus asesores contribuyó a que el revolucionario argentino se radicalizara políticamente cada vez más y propusiera proyectos más originales en el sector económico.

Para Guevara, había varias razones para el estancamiento de los países subdesarrollados, intrínsecas a la propia naturaleza del sistema capitalista avanzado, que se expandía, entre otros factores, por el control de la producción y el comercio de las materias primas y por la penetración del capital como condición fundamental para establecer la dependencia económica. Esta se presentaría en formas abiertas, como préstamos, inversiones, control del comercio exterior por monopolios internacionales y utilización de la fuerza como potencia económica, así como por formas más sutiles, como el empleo de organismos internacionales, financieros y crediticios, entre otras, para interferir en las economías nacionales y el comercio externo de los países en desarrollo y controlarlos (Ariet, 1988: 139). Según Guevara:

El Fondo Monetario Internacional es el cancerbero del dólar en el campo capitalista. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento es el instrumento de penetración de los capitales norteamericanos en el mundo subdesarrollado, y el Banco Interamericano de Desarrollo cumple esa triste función en el ámbito del continente americano. Todos estos organismos se rigen por reglas y principios a los que se pretende presentar como los salvaguardas de la equidad y la reciprocidad en las relaciones económicas internacionales, cuando, en realidad, no son sino fetiches, tras los cuales se encubren los instrumentos más sutiles para la perpetuación del atraso y la explotación. El Fondo Monetario Internacional, velando supuestamente por la estabilidad de los tipos de cambio y la liberalización de los pagos internacionales, no hace sino impedir las medidas mínimas de defensa de los países subdesarrollados frente a la competencia y la penetración de los monopolios extranjeros (Guevara, 1981a: 64).

Entre 1951 y 1954, por ejemplo, los rendimientos de los monopolios extranjeros en América Latina llegaron a US$ 3 276 millones, en tanto la entrada de capitales en esos países fue de US$ 662 millones. El total global de inversiones norteamericanas entre 1957 y 1960 en todos los países en desarrollo aumentó en US$ 1,83 millardo, mientras las ganancias fueron de US$ 6 millardos en el mismo período. Las ganancias transferidas de América Latina a los Estados Unidos en 1962 fueron de US$ 761 millones; en 1963, de US$ 801 millones, y en 1964, de US$ 965 millones (Vakhruchev, 1975: 63-64).

Lo que se puede comprobar es que en esa época, los Estados Unidos recibían ganancias muy superiores a los capitales exportados hacia los países de América Latina, que tenían una deuda externa, en su conjunto, de US$ 10,5 millardos en 1964 (Vakhruchev, 1975: 73). Con la práctica del dumping, los Estados Unidos, respaldados por la Ley núm. 480, minaban las economías latinoamericanas, ya que el envío de excedentes de producción –con el financiamiento de exportaciones por cuenta del propio presupuesto y a través de acuerdos de ayuda y reciprocidad– dificultaba el desarrollo de la producción nacional. Los monopolios controlaban diversas ramas de la producción industrial y determinaban productos y precios, sujetando el desarrollo de esos países a ellos y garantizando el flujo de la producción hacia otros mercados con precios ventajosos. Con políticas proteccionistas, el gobierno norteamericano fijaba límites e imposiciones tarifarias a determinados productos para salvaguardar sectores internos. En caso de que las garantías para el pleno funcionamiento de la estructura monopolista y de las relaciones privilegiadas entre Estados no estuvieran garantizadas, países como los Estados Unidos se sentían en el derecho de intervenir militarmente o apoyar grupos de oposición que restaurarían el statu quo y un cuadro favorable a sus intereses.

Los mecanismos de crédito internacionales también eran utilizados para mantener una continua dominación de los países atrasados. El BIRD, creado oficialmente en 1945 después de tener sus líneas generales esbozadas en Bretton Woods en 1944, tuvo un montante inicial de suscripción de US$ 9,1 millardos, de los cuales, US$ 3,175 millardos fueron aportados por los Estados Unidos; US$ 1,3 millardo, por Inglaterra; US$ 450 millones, por Francia; US$ 325 millones, por Canadá; US$ 225 millones, por Bélgica; US$ 275 millones, por Holanda; y US$ 200 millones, por Australia. Cada miembro tendría 250 votos, más un voto por cada fracción de US$ 100 000 de su depósito inicial, lo que hizo que los Estados Unidos controlaran la organización (Vakhruchev, 1975: 186-187). En 1963, las partes de suscripción de los países miembros llegaron a US$ 20,7 millardos, mientras el monto de capital de la suscripción de los Estados Unidos alcanzó US$ 5,715 millardos (Vakhruchev, 1975: 188-189). Las ganancias líquidas del Banco fueron de US$ 558 millones en 1963, repartidos entre todos los participantes. Los préstamos para los países necesitados se otorgaban con intereses anuales del 5 % al 7 %. Entre 1960 y 1965, solamente los pagos referentes a los países subdesarrollados como forma de reembolso fueron del orden de los US$ 627 millones (Vakhruchev, 1975: 191). Los análisis de la situación económica interna y las posibles soluciones para los problemas de subdesarrollo, elaborados y enviados por los gobiernos de los países deudores, deberían tener necesariamente la aprobación del BIRD y conformarse con sus modelos para que los créditos se concedieran, dando garantías de que el préstamo sería pagado de vuelta por esos países. Cuba, desde el año 1960, ya no estaba vinculada a esta institución.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a su vez, fue constituido en 1959 como versión regional análoga del BIRD, con cláusulas coincidentes con la organización anterior. El artículo primero de la carta del BID atribuía a la institución la función de estimular inversiones privadas en el continente. Con un fondo inicial de US$ 800 millones, el BID tenía una estructura que también privilegiaba el control norteamericano, ya que cada país miembro tenía el derecho a 135 votos, más un voto por cada acción, y los Estados Unidos poseían 35 mil acciones, el equivalente al 40 % de todas las acciones de la organización (Vakhruchev, 1975: 241-242). Entre los otros miembros, solamente Brasil y Argentina poseían una cuota un poco por encima de las diez mil acciones. Aunque un consejo de administradores se reunía anualmente, el poder efectivo se concentraba en el consejo de directores, así como en sus adjuntos, que tenían el poder de votar en nombre de los Estados que los escogieron para ocupar tales posiciones. El BID, que comenzó a funcionar efectivamente en 1961, utilizaba capital prestado de otros bancos de países de capitalismo avanzado con intereses de hasta el 8 % por año (Vakhruchev, 1975: 245).

Y, finalmente, el Fondo Monetario Internacional (FMI), esbozado durante la Conferencia de Bretton Woods, en 1944, que entró en vigor a partir del 27 de diciembre de 1945 e inició sus actividades efectivas el primero de marzo de 1947, con un capital original de US$ 8,8 millardos. Con una cuota de US$ 2,75 millardos en la institución –muy superior a los otros miembros–, los Estados Unidos garantizaron 27 750 votos, o sea, el 37,9 % de los votos de los miembros fundadores. En 1959, año del triunfo de la Revolución Cubana, ocurrió una ampliación de las cuotas de los miembros fundadores del FMI, que hasta 1963 subió de US$ 9,228 millardos a US$ 14,261 millardos. La cuota norteamericana, en este caso, llegó a US$ 4,125 millardos. En 1965 hubo un nuevo aumento de las cuotas de los países desarrollados, que alcanzó aproximadamente US$ 3 millardos, en tanto las cuotas de 74 países atrasados llegaron a solo US$ 1 millardo en ese entonces (Vakhruchev, 1975: 274-276).

De 1947 a 1965, el total de préstamos del FMI alcanzó los US$ 10,8 millardos. Con una deuda externa de US$ 36,4 millardos en 1965, América Latina estaba obligada a pagar US$ 1,7 millardos en aquella época (Vakhruchev, 1975: 295). Entre 1953 y 1963, el volumen de comercio de materias primas y productos semielaborados aumentó en un 5,3 %, con una disminución en los precios del 4 %, mientras el comercio de productos industrializados creció en un 6,8 %, con un aumento del 8 % en los precios, o sea, un balance nítidamente favorable a los países industrializados (Vakhruchev, 1975: 299). Para resolver los problemas en la balanza de pagos, las naciones en desarrollo fueron obligadas, por lo tanto, a aumentar sus pedidos de préstamos. Así, en 1964 el FMI concedió a esos países el equivalente a US$ 180 millones en préstamos (Vakhruchev, 1975: 304-305). Entre las medidas preliminares exigidas por el FMI para la concesión de créditos estaban, entre otros factores: reformas monetarias (como la desvalorización de la moneda local), congelamiento de salarios, destrucción de las industrias artificiales –o sea, aquellas que, en general, no utilizaban materias primas nacionales–, liberación de la economía del control estatal, equilibrio del presupuesto del Estado, eliminación de la burocracia. Todas esas medidas tenían carácter de imposiciones, y obligaban en gran medida a los gobiernos locales a restringir su actuación y actuar de acuerdo con los intereses de los países desarrollados.

Para Guevara, el subdesarrollo sería el resultado del intercambio desigual entre los países productores de materias primas y los países desarrollados. Las naciones de capitalismo avanzado estarían en condiciones de controlar mercados y crear obstáculos para la mejoría de las condiciones económicas en otras regiones del planeta. Esa situación crítica de intercambio desigual y empobrecimiento del Tercer Mundo se se resolvería con la implementación de un grupo de medidas para el pleno desarrollo de los países atrasados, los cuales pudieran, en el plano continental, establecer mecanismos de defensa y unión contrarios a los intereses norteamericanos, y, en el plano internacional, proponer una definición diferente del comercio exterior a través de un nuevo orden económico mundial que tendría inicialmente como presupuestos: eliminación de todas las discriminaciones comerciales; trato equitativo; una nueva división internacional del trabajo –con el aprovechamiento total de todos los recursos naturales de los países–, llegando al punto de una elaboración técnica avanzada; restitución de los mercados tradicionales, y formas concretas de los usos de los excedentes de producción (Ariet, 1988: 139-140). Como se puede imaginar, muchos vieron en esos postulados cierta dosis de idealismo. El 18 de enero de 1965, no obstante, al conceder una entrevista a la revista Prensa Latina y al periódico L’Etincel, él esclarecería la polémica y desmentiría la interpretación de que quería crear un mercado común en América Latina:

Yo no dije eso. De hecho, América Latina está dominada por los Estados Unidos, y en estas condiciones es imposible hacer un mercado latinoamericano de carácter progresista. Los países latinoamericanos podrán unirse en una zona productiva cuando se liberen y lleguen al socialismo. Esta es una realidad inevitable, pero pertenece al futuro de la unidad de los movimientos revolucionarios de América Latina, y prever el carácter de esta unión (si a través de un gobierno central latinoamericano o de otra forma) no tendría sentido. Primero es necesario alcanzar ese punto. Son problemas lejanos. Hablar de la concepción de un gobierno central latinoamericano hoy sería arriesgado (Guevara, 1982: 272).

Guevara insistía en que entre las medidas mínimas imprescindibles para el desarrollo acelerado de determinada economía no estaba necesariamente incluida la toma, por el Estado, de todos los medios de producción, pero creía que «esta medida contribuiría a solucionar los graves problemas que se debaten con mayor eficiencia y más rapidez» (Guevara, 1981a: 73). En relación con el caso específico de la industrialización en Cuba, decía:

Todavía hoy, a pesar del esfuerzo realizado –que creo que ha sido muy grande y bastante bien administrado– no podemos decir que haya una industria integralmente proyectada y construida por el Instituto Nacional de Reforma Agraria a nivel de su Departamento de Industrialización; pues son, ya lo digo, tareas largas. Hay una hilandería, que va a empezar a funcionar dentro de unos cuatro o cinco meses; una fábrica de lápices, que entrará dentro de dos o tres meses; y ya así es después una carrera larga de industrias, bastante larga. Pero, como ustedes ven, el esfuerzo rinde mucho menos que en la agricultura. Además, las inversiones son grandes, y, sin embargo, el número de obreros empleados es comparativamente mucho menor que lo que puede ser una inversión en la agricultura, una inversión en la pesca, por ejemplo. Y nosotros necesitamos también destruir completamente ese cáncer de la economía cubana que es el desempleo. Es decir, que nosotros tenemos que dar mucho énfasis a la agricultura, a la pesquería, a todos los órdenes de actividades, aun dentro de la industria, que puedan garantizar un nivel de empleo alto, con un nivel de inversión relativamente bajo. Por eso, aun cuando nosotros sabemos que la base de la industrialización es la industria pesada, hemos ido con un paso más lento en cuanto a la industria pesada y nos hemos dedicado mucho a desarrollar la pequeña industria, la industria manufacturera, la que permite emplear más obreros que esa otra industria, muy pesada, muy tecnificada, muy productiva, en términos de capital y en términos de producto en sí, pero que emplea pocas gentes. Y, además, estas industrias son muy tecnificadas; es decir, tendríamos que contar también con técnicos extranjeros (Guevara, 1988b: 92).

Durante todo el período en que estuvo al frente del Banco Nacional, Guevara cumplió una intensa agenda de compromisos, que culminó con su viaje, a partir del 21 de octubre de 1960, a varios países del bloque socialista, cuando encabezó una delegación comercial. Su viaje duró más de dos meses, y recorrió Checoslovaquia, la Unión Soviética, Alemania Oriental, Hungría, Corea del Norte y China. En aquella ocasión fue acompañado por su escolta, Leonardo Tamayo, por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Héctor Rodríguez Llompart, y por algunos economistas marxistas latinoamericanos que lo asesoraban. Su actuación como jefe de delegación fue importante en aquel momento.

En Praga, Guevara visitó una fábrica de tractores y obtuvo un crédito de US$ 20 millones para la instalación de una ensambladora de tractores, camiones y motores en general en Cuba, extendiendo el acuerdo ya firmado por el ministro del Comercio Exterior checo en la Isla. También se firmaron convenios para la instalación de pequeños talleres, como uno de tornillos, construido por entonces en Santiago de Cuba.

Seguidamente, fue a la Unión Soviética, donde permaneció del 29 de octubre al 14 de noviembre de 1960. Moscú se comprometió a comprar 2,7 millones de toneladas de azúcar cubano. Se realizó un convenio con los soviéticos, quienes se encargarían de hacer prospecciones geológicas en la Isla para encontrar riquezas minerales como cobre, níquel y manganeso. La URSS también se comprometió a construir una fábrica de limas y una de piezas de repuesto, las cuales, según el Che, serían estratégicamente fundamentales para el país, así como a instalar una refinería de azúcar completa, con capacidad para un millón de toneladas anuales (Guevara, 1982: 103-105). El presidente del Banco Nacional también quiso negociar una planta siderúrgica con capacidad para la producción de un millón de toneladas de acero, y obtener un financiamiento para aumentar la producción de acero de 70 mil toneladas para aproximadamente 1,5 millón de toneladas a corto plazo. De acuerdo con el historiador Luiz Alberto Moniz Bandeira, el Che creía que, en diez años, Cuba sería uno de los diez mayores productores de acero del continente (Bandeira, 1998: 298).

El 17 de noviembre de aquel año, la delegación cubana llegó a China, donde logró un crédito de US$ 60 millones sin intereses, a ser saldados en un período de quince años después de efectuado el préstamo. Esa actitud, fundamentada en bases políticas, impresionó a Guevara, quien afirmó:

Con el primer ministro, Chou En-lai, tuvimos una discusión, porque se firmó un Comunicado Conjunto; en ese Comunicado Conjunto, la Delegación cubana puso, en un párrafo: «la ayuda desinteresada de los países socialistas». Eso provocó una larga discusión casi filosófica, porque se negaron absolutamente a admitir la palabra «desinteresada». Ellos dijeron que de ninguna manera, que ellos daban una ayuda, pero una ayuda interesada; y que era una ayuda interesada, aun cuando no tuviera intereses monetarios, porque Cuba era en este momento uno de los países que estaban en la vanguardia de la lucha contra el imperialismo, y el imperialismo es el enemigo común de todos los pueblos, que el ayudar a Cuba era el interés de todos los países socialistas. Ni que decir que la frase «ayuda desinteresada» quedó cambiada por «ayuda» solamente (Guevara, 1982: 108).

Guevara fue a Pyongyang el 3 de diciembre, y describió a Corea del Norte como uno de los países más extraordinarios que había visitado con su delegación. El interés de Guevara parece haber sido, en aquella ocasión, mucho más de orden moral que de orden económico. Lo que le llamó la atención fue principalmente la capacidad de la población de reconstruir la nación después de varios años de guerra. Al hablar en la televisión cubana el 6 de enero de 1961, Guevara intentaría mostrar que Corea, aun teniendo un territorio relativamente pequeño –aproximadamente 110 mil kilómetros– y con solo diez millones de habitantes, había logrado superar enormes adversidades, debido principalmente al espíritu del pueblo norcoreano, que había luchado contra la dominación extranjera, a su sistema político y a dirigentes extraordinarios, como el mariscal Kim Il-sung, que habían transformado a Corea del Norte en un país industrializado.

Guevara volvió a Moscú el día 8 del mismo mes y continuó poco después hacia Alemania Oriental, donde obtuvo préstamos equivalentes a diez millones de pesos. Para el Che, este fue un gesto extremadamente significativo, toda vez que la RDA pasaba por dificultades financieras. La actitud de los alemanes orientales habría sido un ejemplo de solidaridad socialista.

La delegación cubana volvió a Checoslovaquia y logró una ampliación de los créditos obtenidos en la primera visita. De allí partió hacia Hungría y entonces regresó a Cuba. Más tarde, Guevara diría que si Antonio Núñez Jiménez –que había estado en el bloque socialista antes que él– había sido apodado «Alicia en el País de las Maravillas», de tanto haber elogiado aquellas naciones, entonces él mismo, después de regresar de su gira por los países socialistas, y que había quedado más impresionado todavía, debería ser apodado «Alicia en el Continente de las Maravillas» (Guevara, 1982: 107). Como sabemos, algún tiempo después él cambiaría bastante de opinión. Pero, en aquel momento específico, Guevara creía que los acuerdos habían proporcionado condiciones para que en 1965 Cuba dejara de ser un país exclusivamente agrario y se convirtiera, por lo menos, en una nación agraria e industrial (Guevara, 1982: 111). Aunque en la práctica los acuerdos no fueran tan profundos al punto de cambiar radicalmente la estructura industrial cubana, fueron extremadamente importantes para el estrechamiento de los lazos comerciales con los países socialistas y para el desarrollo futuro del país.